Gustavo Benavente, Juan Manuel Fuenzalida y Sergio Bobadilla advirtieron que la intervención de la secretaria de Estado podría infringir el inciso primero del Artículo 76 de la Constitución Política.
El jefe de la Bancada de la UDI, Gustavo Benavente, además de los diputados Juan Manuel Fuenzalida y Sergio Bobadilla, anunciaron que recurrirán a la Contraloría General de la República acusando una «grave intromisión» de parte del Gobierno en la denuncia por el delito de difusión indebida de imágenes íntimas que una mujer ingresó en contra del Presidente Gabriel Boric.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas apuntaron a las declaraciones que emitió la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, quien aseguró que -a juicio de La Moneda- se trataba de una acusación “sin sustento” y que los hechos descritos en ella por la denunciante son “completamente falsos”, además de afirmar que el Mandatario fue “víctima” de un supuesto “acoso sistemático”.
En ese sentido, los tres diputados no sólo calificaron las declaraciones como una “grave intromisión” del Ejecutivo en una causa penal, sino que además advirtieron que la intervención de la secretaria de Estado podría infringir el inciso primero del Artículo 76 de la Constitución Política, que señala que “la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”, mencionando incluso que ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden intervenir en las disti tas causas judiciales.
Por lo mismo, Benavente, Fuenzalida y Bobadilla adelantaron que solicitarán en su escrito que la Contraloría pueda emitir un pronunciamiento respecto de la intervención de Vallejo, asegurando que tanto la ministra como ninguna autoridad “pueden atribuirse la potestad de determinar la inocencia o culpabilidad de una persona, tal como imprudentemente lo hizo la vocera de gobierno”.
Justamente, los diputados recordaron la intervención del Presidente tras la prisión preventiva que se decretó en contra del abogado Luis Hermosilla, la que fue calificada por distintos constitucionalistas como “imprudente” y “desafortunada” al señalar que “acaban de enviar a la cárcel, a prisión preventiva, a un señor que se creía todopoderoso”. Antes, además, la Corte Suprema también criticó al Mandatario tras cuestionar la condena en contra del ex frentista Jorge Mateluna.
“El Gobierno y sus ministros no pueden seguir actuando de una manera tan inoportuna como lo han hecho. Por más que tengan una opinión acabada de la denuncia en contra del Presidente Boric, como autoridad tienen el deber y la obligación de garantizar que la investigación se lleve adelante de la manera más transparente posible y alejada de cualquier tipo de presión. De lo contrario, van a terminar sentando un precedente muy grave en nuestro país, afectando la separación de poderes, por lo que esperamos que la Contraloría pueda advertir sobre la gravedad del caso”, mencionaron los parlamentarios gremialistas, quienes finalmente señalaron que “esperamos que La Moneda deje de intervenir en el caso y no siga ejerciendo una presión indebida contra la Fiscalía y los tribunales”.
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