Una querella por estafa fue presentada ante el Juzgado de Garantía de San Antonio por el Movimiento de Pobladores Organizados, apuntando directamente a altas autoridades del Gobierno en el contexto del desalojo de la megatoma del Cerro Centinela.
La acción judicial va dirigida contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; la delegada del Minvu en San Antonio, Gloria Maira; y el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, a quienes se acusa de haber impulsado un proceso habitacional “unilateral e injustificado”, que habría vulnerado los acuerdos sostenidos con las comunidades.
De acuerdo con la querella, durante extensas negociaciones el Estado habría comprometido un proyecto habitacional que considerara la totalidad de los terrenos ocupados por la megatoma. Sin embargo, el plan presentado por el Ejecutivo en diciembre y ejecutado desde el 12 de enero contempla solo 100 hectáreas, lo que, a juicio de los pobladores, constituye un incumplimiento grave y engañoso.
El vocero del movimiento, Gustavo Sepúlveda, afirmó que el proceso estuvo marcado por irregularidades desde sus inicios. “Todo este procedimiento, desde el protocolo de acuerdo hasta la expropiación realizada en diciembre de 2025, fue fraudulento e ilegítimo. Las dirigentas estaban amenazadas”, sostuvo.
El escrito judicial sostiene que el acto expropiatorio del 3 de diciembre de 2025 carecería de fundamentos reales de interés público, nacional o social, y que el proceso habría estado viciado por presiones a dirigentes sociales y por la participación irregular de cooperativas.
En la querella, el Movimiento de Pobladores Organizados solicitó que el Ministerio Público investigue los hechos, cite a declarar a las autoridades involucradas y oficie antecedentes sobre la legalidad de las cooperativas y del proceso de expropiación.
Asimismo, se pidió una medida cautelar para suspender los desalojos, argumentando que la sentencia judicial se estaría ejecutando de manera parcial y fuera del marco legal.
La resolución de estas acciones quedó en manos del Juzgado de Garantía de San Antonio, mientras el proceso continúa desarrollándose en el sector Los Pinos–Don José.
PURANOTICIA
