Para unos, una "obligación estratégica" para combatir al crimen organizado. Para otros, un "injerencia directa" de Estados Unidos en Paraguay.
El presidente Santiago Peña promulgó hace unos días el acuerdo del Estatuto de las Fuerzas, o SOFA por sus siglas en inglés, con Estados Unidos.
Este habilita y regula la presencia temporal de personal civil y militar del Pentágono y de empresas estadounidenses en Paraguay para realizar actividades relacionadas con la visitas de buques, entrenamiento y ejercicios militares.
La iniciativa, que había sido acordada en diciembre por el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller Rubén Ramírez Lezcano, fue ratificada la semana pasada por el Congreso paraguayo.
"Se trata de un acuerdo internacional que establece el marco jurídico para facilitar la cooperación y el entrenamiento conjunto en materia de seguridad y defensa", informó el gobierno en un breve comunicado.
Desde el Departamento de Estado de EE.UU. confirmaron a este medio que el convenio alcanzado con Paraguay constituye un "estándar de oro" dentro de este tipo de acuerdos.
El diputado oficialista Juan Manuel Añazco, del Partido Colorado, defendió la iniciativa diciendo que se trata de una "obligación estratégica".
"De lo que se trata es de establecer reglas claras, transparentes y jurídicas para una cooperación internacional que ya existe y que hoy carece de un marco normativo adecuado", sostuvo el diputado, según informó el medio ABC Color.
Sin embargo, el acuerdo con Washington dividió al Congreso paraguayo y encendió el debate. Los críticos sostienen que esta iniciativa otorga privilegios excesivos al personal estadounidense y establece una relación desigual en materia de seguridad entre los dos países.
El diputado opositor Adrián Vaesken, del Partido Liberal, sostuvo que "dar paso a este acuerdo es ser un verdadero antipatriota" y el dirigente del Frente Guasu, Sixto Pereira, lo definió como una "injerencia directa".
La iniciativa fue aprobada tres días después de la participación de Peña en la cumbre Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad hemisférica impulsada por el presidente Donald Trump, que dio luz verde a la creación de una Coalición Anticarteles de las Américas.
¿Qué contiene el acuerdo entre Paraguay y EE.UU. y por qué genera polémica?
La firma de este acuerdo se inscribe en la larga historia de estrechos vínculos entre Paraguay y Estados Unidos. Es por eso que, para los especialistas consultados, más que un cambio de dirección es una profundización en las relaciones de los dos países.
"Desde el segundo mandato de Trump, Paraguay ha experimentado niveles de cooperación bilateral con EE.UU. sin precedentes", explica Gregory Ross, de la consultora McLarty Associates, con sede en Washington.
Los acuerdos SOFA son convenios que determinan el marco legal que rige para los empleados del Departamento de Defensa, los miembros de las Fuerzas Armadas y las empresas de EE.UU. vinculadas a actividades militares cuando operan en un país extranjero.
Además de Paraguay, EE.UU. tiene este tipo de acuerdos con Ecuador, El Salvador, Panamá, Trinidad y Tobago, Honduras, Belice y Guatemala.
Si bien EE.UU. cuenta con muchos otros convenios de seguridad en la región, que incluyen algunas protecciones de estatus similares, esta corta lista de países son los que alcanzan el nivel del "estándar de oro".
"Si bien Washington ha ejercido desde hace mucho tiempo una influencia significativa en la política interna y exterior de Paraguay, esta estrecha cooperación se ha vuelto particularmente visible durante el último año, bajo las administraciones de Peña y Trump", añade Ross.
Según Ross, los beneficios para Washington se basan en que amplía la cooperación con un socio con una ubicación estratégica en un momento en el que los "actores externos, desde China hasta organizaciones criminales transnacionales, están expandiendo su presencia en la región".
Antes de la firma del acuerdo, la presencia de militares estadounidenses en el país estaba ceñida a programas de capacitación, operaciones antinarcóticos e intercambio de inteligencia sobre amenazas del crimen transnacional, según los especialistas consultados.
Para Juan Battaleme, profesor de Seguridad Internacional y exsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa de Argentina, este tipo de acuerdos permiten a EE.UU. proteger su propia seguridad interna.
"La estrategia de defensa de EE.UU. es muy clara: busca recuperar el control sobre lo que entienden como un área de interés de las Américas, en el plano de la defensa y la seguridad, que va desde el Ártico a la Antártida", explica el analista.
Para el experto en Defensa, las amenazas transnacionales como el narcotráfico se han convertido en una de las principales fuentes de inestabilidad para los países latinoamericanos y son las que terminan por complicar la relación de estos países con el resto del mundo.
El acuerdo establece que los empleados del Departamento de Defensa y los miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU. tendrán "privilegios, exenciones e inmunidades" mientras estén realizando actividades vinculadas a este convenio.
Esto quiere decir que podrán entrar y salir de Paraguay con una identificación de EE.UU., como las licencias de conducir, podrán vestir de uniforme y portar armas. Además, no pagarán impuestos dentro de Paraguay.
El acuerdo también habilita a militares y funcionarios estadounidenses a entrar al país con equipos y suministros tecnológicos sin necesidad de pasar por exhaustivas inspecciones por parte de las autoridades de control paraguayas.
Entre los puntos más discutidos en el Congreso está el hecho de que Paraguay autoriza a EE.UU. a ejercer jurisdicción penal sobre su personal mientras este se encuentre en el territorio paraguayo.
Esto quiere decir que los delitos cometidos por efectivos estadounidenses en territorio paraguayo deberán juzgarse en EE.UU. en lugar de Paraguay, algo que fue cuestionado por la oposición.
Sin embargo, para el especialista en Inteligencia y seguridad José Amarilla, "en el estado en el que se encuentra la justicia paraguaya, es mucho más probable que la transgresión pueda ser castigada en su país que en el Paraguay".
"Por eso, más allá de una cierta cesión de soberanía, es casi una ventaja que los casos puedan ser juzgados por sistemas más confiables", sostiene el analista paraguayo.
Además, con la firma de este acuerdo, Paraguay permite a EE.UU. que opere sus propios sistemas de telecomunicaciones. Por otro lado, el uso del espectro radioeléctrico no tendrá costo alguno para los estadounidenses.
El documento firmado también establece que "las aeronaves, los buques y los vehículos operados por el Departamento de Defensa de los EE.UU. podrán entrar al territorio del Paraguay, salir de él y desplazarse libremente".
Los analistas coinciden en que, en términos jurídicos, es simplemente un tratado bilateral que establece el marco legal para la presencia de personal militar y civil de un país en el territorio de otro.
Sin embargo, "en términos estratégicos, es una opción que toma Paraguay frente a problemas diversos de seguridad en los cuales tiene déficits muy claros, como el combate al crimen organizado trasnacional", dice Amarilla.
La aprobación del convenio en el Congreso desató un encendido debate, que dividió a los legisladores y a la opinión pública paraguaya.
Las críticas se centraron en los artículos que otorgan inmunidad diplomática y jurisdicción penal externa a los estadounidenses. Estos puntos, según los críticos, amenazan la soberanía del país.
"Vamos a votar si estamos a favor de la ciudadanía o de la entrega de la soberanía", expresó la senadora opositora Esperanza Martínez, quien dijo que este acuerdo podría abrir el camino a la aprobación de otras leyes relacionadas, por ejemplo, con la explotación de minerales, según informó el diario Última Hora.
Para Amarilla, quien no coincide con Martínez, el acuerdo sí podría presentar complicaciones para los paraguayos víctimas de delitos cometidos por el personal estadounidense que presenten un caso ante la justicia.
"Si hay una víctima paraguaya, tendrá que litigar en EE.UU., yendo y viniendo, o desde Paraguay. En cualquiera de los casos, eso es básicamente imposible si se trata de una familia de escasos recursos", explica.
Lo que busca Estados Unidos, según Battaleme, es evitar que el personal militar de EE.UU. tenga acceso a una "justicia de peor calidad".
"Algunos piensan que es una carta de impunidad, cuando técnicamente son las garantías legales que tiene Estados Unidos para poder operar en un país extranjero", sostiene el experto en Defensa.
Si bien, para algunos analistas el acuerdo debe ser entendido en el marco de la relación entre ambos países, otros piensan que este puede ser leído en clave regional, dada la posición geopolítica de Paraguay.
"Si bien Brasil y Argentina son sus principales aliados regionales, también tienen intereses estratégicos contrapuestos en materia comercial, de inteligencia, explotación de recursos y otros asuntos importantes", dice Amarilla.
"Pero además, Argentina y Brasil son socios muchísimo más apetecibles para otras potencias mundiales como China o Rusia, lo cual deja al Paraguay con una opción única, que es Estados Unidos", argumenta el analista.
Aunque el acuerdo recibió un amplio respaldo parlamentario, sectores de la sociedad civil lo han rechazado.
"La seguridad de un pueblo no se construye importando tropas ni blindando a agentes extranjeros con inmunidades diplomáticas", dijo en un comunicado recogido por la agencia de noticias AP la organización Servicio Paz y Justicia, con presencia en toda América Latina y que se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos.
La entidad agregó que la alianza "no representa un avance en seguridad, sino la formalización de una geopolítica de la impunidad que vulnera los pilares de nuestra dignidad nacional".
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO
