Con el propósito de fortalecer los estándares de integridad en la administración pública, la Contraloría General de la República remitió, el viernes 27 de marzo, una nueva circular dirigida a los ministros y ministras de Estado para robustecer el cumplimiento de los principios de probidad y transparencia.
A través del Instructivo N° IN14/2026, el ente fiscalizador recalcó que los secretarios de Estado tienen el deber de actuar bajo un estricto apego a la legalidad. En ese sentido, se les exige priorizar permanentemente el interés público por sobre cualquier beneficio particular, manteniendo en todo momento una conducta intachable en el ejercicio de sus funciones.
El texto pone especial énfasis en el deber de abstención. Sobre este punto, se establece que las autoridades ministeriales deben evitar participar en la toma de decisiones cuando se presenten conflictos de interés, incluso en aquellos escenarios donde estos tengan un carácter meramente potencial.
De igual forma, el documento advierte que la persistencia en este tipo de situaciones podría comprometer el correcto desempeño del cargo. Incluso, se señala que tales irregularidades podrían derivar en observaciones legales al acto administrativo de designación de la autoridad involucrada.
En otra línea de acción, el instructivo recuerda la vigencia de la obligación constitucional y legal que mandata a los ministros a presentar su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP). Este trámite debe completarse dentro de los 30 días posteriores a la toma de posesión del cargo, requiriendo además una actualización anual durante el mes de marzo y su publicación obligatoria en las plataformas web de cada institución.
Respecto a este proceso, se reafirmó que la Contraloría supervisará la oportunidad, integridad y veracidad de los datos aportados. El incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear sanciones económicas y, en situaciones de gravedad o reincidencia, la destitución del cargo por faltas a la probidad administrativa.
La normativa también detalla las directrices para la administración de activos. Los ministros tienen la obligación de delegar la gestión de sus inversiones o proceder con la venta de ciertos bienes cuando estos representen un riesgo de conflicto de interés.
Para ello, se han definido plazos específicos destinados al traspaso de activos financieros a terceros o la enajenación de participaciones en compañías que operen como proveedoras del Estado, concesionarias o que estén bajo regímenes de regulación, siempre que exista un vínculo directo con las competencias del ministerio que encabezan.
Otro eje fundamental de las instrucciones emanadas por el organismo es el cumplimiento riguroso de la Ley de Lobby. Se recordó la exigencia de mantener actualizados los registros de la agenda pública, los cuales deben consignar audiencias, reuniones, traslados oficiales y obsequios protocolares, publicándose mensualmente bajo estándares de datos abiertos.
Asimismo, se reforzó el principio de prescindencia política. Queda estrictamente prohibido realizar actividades de carácter político contingente dentro de dependencias públicas o utilizando recursos fiscales. No obstante, esto no impide que las autoridades emitan opiniones técnicas relacionadas con las políticas públicas propias de sus carteras.
En el cierre del documento, la Contraloría sistematiza las principales restricciones e inhabilidades que rigen para el cargo de ministro, tanto en el plano constitucional como legal. Entre las nuevas exigencias, destaca la obligatoriedad de someterse a exámenes periódicos de detección de consumo de drogas, cuyos resultados tendrán carácter público.
Finalmente, la Contraloría General de la República instó a las autoridades de Gobierno a observar estrictamente cada una de las normas señaladas, advirtiendo que su cumplimiento será fiscalizado rigurosamente en ejercicio de las facultades legales del organismo.
PURANOTICIA
