Argentina calificó de "provocación" la visita oficial de la princesa Ana a las islas Malvinas
El Gobierno de Argentina expresó su rechazo a las actividades oficiales realizadas por la princesa Ana, integrante de la familia real británica y hermana del rey Carlos III, en las islas Malvinas y Georgias del Sur, calificando su visita como una "provocación".
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino cuestionó que las actividades de la princesa se desarrollen en territorios y espacios marítimos circundantes que el país vecino considera parte de ellos. Además, vinculó esta visita con los avances del Reino Unido en la "explotación ilegal unilateral de hidrocarburos", mediante el otorgamiento de licencias para desarrollar actividades en la zona.
En ese contexto, la Cancillería recordó que estas actividades petroleras llevaron al Gobierno de Javier Milei a iniciar un procedimiento de arbitraje ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), además de solicitar medidas provisionales de urgencia al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).
En su declaración, el Ejecutivo argentino también instó nuevamente al Reino Unido a retomar las negociaciones bilaterales sobre la soberanía de las islas, en cumplimiento de la Resolución 2065 y de otras disposiciones aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas y su Comité Especial de Descolonización.
"Es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial en esos archipiélagos, que son parte integrante de la República Argentina", concluyó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La protesta diplomática se produce pocas semanas después de que el presidente Milei defendiera la "causa sagrada" de las Malvinas durante su intervención en la Cumbre Iberoamericana de Madrid. En esa instancia, el mandatario consiguió el respaldo de los 22 países de la comunidad iberoamericana para reclamar la reanudación del diálogo diplomático con Londres.
La postura argentina contrasta con la del Gobierno británico, que defiende su soberanía sobre el archipiélago y el derecho de autodeterminación de sus habitantes.
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