Cadem: 58% rechaza que el Presidente pueda decretar por sí solo un estado de excepción de hasta 240 días
La encuesta Cadem difundida esta semana reveló que el 58% está en desacuerdo con que el nuevo estado de excepción por seguridad pública, de hasta 240 días, pueda ser decretado únicamente por el presidente de la República, mientras que un 37% está de acuerdo. Sin embargo, el respaldo aumenta al 52% cuando se plantea que la medida cuente con la aprobación del Congreso.
Entre las medidas contempladas en el nuevo estado de excepción, las que concitan mayor respaldo son la posibilidad de requisar bienes asociados a bandas de crimen organizado o terroristas (88%) y permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a Carabineros (78%).
En contraste, las medidas que generan menor apoyo son la interceptación de comunicaciones (46%), la posibilidad de restringir temporalmente la libertad de tránsito (40%) y limitar la libertad de reunión (27%).
En tanto, el 85% de los encuestados afirmó conocer que el Presidente Kast ingresó al Congreso una reforma constitucional que busca ampliar las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado.
La iniciativa obtiene un 50% de respaldo, mientras que un 39% se manifiesta en desacuerdo. Entre quienes se identifican con la derecha, el apoyo alcanza el 78%, mientras que en el centro llega al 58%. En contraste, el 71% de quienes se identifican con la izquierda está en desacuerdo con la reforma.
Ahora bien, el 51% considera que no es necesario modificar la Constitución, al estimar que el Estado ya cuenta con herramientas suficientes para enfrentar la delincuencia. En cambio, un 43% considera necesaria una reforma constitucional.
Respecto de las propuestas contenidas en la iniciativa, el 89% está de acuerdo con que las personas condenadas por delitos de crimen organizado queden inhabilitadas de manera permanente para ejercer funciones o cargos públicos.
Asimismo, un 81% respalda incorporar la seguridad pública como un deber del Estado, mientras que un 80% está de acuerdo con que las personas condenadas por delitos de crimen organizado tengan restricciones durante 15 años para acceder a penas sustitutivas. A ello se suma un 74% de respaldo a establecer un régimen penitenciario especial para personas condenadas y un 72% a la creación de un registro de organizaciones criminales.
Además, el 66% está de acuerdo con establecer inhabilidades o restricciones para acceder a prestaciones en pensiones, mientras que un 58% respalda restricciones en educación y un 54% las inhabilidades y restricciones en salud.
Por otro lado, el 53% está de acuerdo con que el Presidente tenga la facultad de declarar a una agrupación como organización terrorista o de crimen organizado, previo informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional y con aprobación del Senado.
Asimismo, el 45% considera que se debe buscar un equilibrio entre seguridad y libertad. En tanto, un 35% piensa que es necesario priorizar la seguridad, aunque ello implique restringir algunas libertades, mientras que un 17% cree que las libertades de las personas deben protegerse incluso si eso limita las herramientas disponibles para enfrentar la delincuencia.
Finalmente, durante la tercera semana de agosto, el 39% (-2 puntos) aprueba la gestión del Presidente Kast, mientras que el 56% (+3 puntos) la desaprueba.
PURANOTICIA
