Incluir la participación de la Fiscalía Militar en la investigación del delito de espionaje era el objetivo del proyecto que rechazó la Sala de la Cámara de Diputados.
La propuesta alcanzó 76 votos a favor, 63 en contra y 5 abstenciones. Sin embargo, necesitaba 78 votos a favor para su aprobación, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional. Por efecto de su rechazo en la idea de legislar, en primer trámite, la iniciativa se archivó.
El origen de esta propuesta legislativa, impulsada por el diputado Luis Sánchez, se remonta a un incidente ocurrido en mayo de 2025. En dicha fecha, dos individuos hicieron ingreso a una base perteneciente a la Fuerza Aérea ubicada en la comuna de Pozo Almonte. A través de modificaciones al Código Penal y otros cuerpos legales, la moción pretendía que la justicia castrense revisara las indagatorias por ilícitos vinculados a elementos peligrosos o armamento dentro de espacios militares.
Durante aquel episodio en el norte del país, existieron antecedentes para sospechar de actos de espionaje; no obstante, la Fiscalía formalizó a los implicados únicamente por infringir la Ley de Control de Armas, dadas las restricciones vigentes que impiden a la competencia militar procesar a civiles. Frente a este escenario, el documento planteaba derivar a la Fiscalía Militar aquellas causas sobre delitos con armas cometidos en bienes o instalaciones castrenses, o que involucraran información de dicha índole para su conocimiento.
El articulado precisaba un mecanismo de resguardo: si en el transcurso del proceso se determinaba que el imputado carecía de la calidad de militar, la totalidad de los antecedentes debían ser derivados al Ministerio Público. De este modo, la intervención inicial de la justicia militar quedaría restringida a la custodia y resguardo de los antecedentes, garantizando que la causa fuera conocida por la justicia ordinaria, ya fuese nacional o extranjera.
El encargado de rendir el informe respectivo fue el propio diputado Luis Sánchez. Además, durante las dos sesiones en que se analizó la norma, participaron las y los parlamentarios José Antonio Rivas, Marcos Barraza, Hans Marowski, Stephan Schubert, Carlos Cuadrado, Cristian Contreras, Lorena Fries, Luis Pardo y Andrea Parra.
Quienes respaldaron la medida en la discusión argumentaron que era imperativo fortalecer la respuesta institucional frente a hechos que afectan la seguridad, destacando además el trabajo transversal desarrollado al interior de la Comisión de Defensa y la disposición para avanzar en acuerdos. Asimismo, valoraron la incorporación temprana de instituciones especializadas en la tramitación, asegurando que se establecían resguardos para personas no militares en concordancia con los tratados internacionales y los derechos. A la par, defendieron que mantener un tratamiento más severo para el personal militar podría desincentivar los actos de espionaje.
Por la vereda contraria, las posiciones en contra advirtieron que la iniciativa introduce distorsiones en el sistema de seguridad. El principal cuestionamiento apuntó a la posibilidad de que civiles pudieran ser sometidos, aunque fuera inicialmente, a la justicia militar, lo que se señaló como una potencial vulneración de derechos que afectaría el debido proceso.
Igualmente, los detractores plantearon que el proyecto genera incertidumbre jurídica y conlleva el riesgo de dilaciones indefinidas. Finalmente, criticaron que el texto exhibía una comprensión limitada del fenómeno del espionaje y que fallaba en modificar de forma sustantiva una norma que tiene más de cien años de antigüedad.
PURANOTICIA
