El caso de Thiare —una joven que requiere un trasplante de médula ósea y que no puede acceder a él por falta de financiamiento estatal— volvió a encender las alertas sobre las brechas del sistema de salud chileno. En conversaciones con Puranoticia Matinal, el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de La Torre, expresó que la situación va mucho más allá de una historia individual.
“Este caso que ustedes presentan en realidad engloba un conjunto de casos que tienen que ver con que, existiendo una indicación médica y evidencia científica que avalan un tratamiento, esos tratamientos no están debidamente financiados por el Estado”, señala. Y agrega que “no es ella la única paciente”, recordando que lo mismo ocurre con mujeres con cáncer de mama y otros tipos de cáncer, quienes muchas veces deben recurrir a tribunales para que se ordene el financiamiento.
Según explica De La Torre, la judicialización implica plazos que pueden resultar críticos: “Me refiero principalmente a los tiempos legales que se requieren para presentar un recurso de amparo, que este sea acogido, que se revise el fondo, que luego apela el Ministerio de Salud a la Corte Suprema. Finalmente pasan meses, muchas veces, antes de que se pueda realizar”.
Durante ese periodo, el paciente sabe que existe una terapia indicada por un equipo médico, pero no cuenta con los recursos para acceder a ella. “Queda el paciente sabiendo que hay una terapia, que una comisión médica se la indicó, pero finalmente no están los recursos”, afirma.
En el caso de Thiare, el problema se origina en que es adoptada y no cuenta con un donante familiar compatible. “Lo que ocurre es que tiene que recurrir a un banco de donantes porque no conoce a su familia biológica. Eso es lo que hace que sea más caro”, explica.
Tras descartar la vía de familiares directos, se acudió a la Fundación DKMS, con registro internacional de donantes, donde se identificaron múltiples potenciales compatibles. Sin embargo, el financiamiento para concretar los estudios y el eventual trasplante supera los 100 millones de pesos y no está contemplado dentro de las garantías actuales del sistema público.
“Yo entiendo que habían varios donantes compatibles, pero para poder acceder a esta fundación y contar con los recursos era una cuenta sobre los 100 millones de pesos. Esto lo hemos visto con tratamientos de alto costo, con papás que están caminando por Chile para obtener un tratamiento para su hijo”, comenta.
De La Torre subraya que se trata de una enfermedad poco frecuente, un cáncer hematopoyético que afecta la médula ósea. Pero advierte que el diseño actual del sistema asume que el donante será un familiar directo, lo que no siempre ocurre. “Muchas veces más que una ley son normativas técnicas del ministerio que establecen la bajada de la ley”, explica, sugiriendo que el cambio podría ser administrativo más que legislativo.
Para el presidente regional del Colegio Médico, lo que falta es una instancia especializada que evalúe de manera integral estos casos. “Probablemente lo que corresponde es una institucionalidad precisamente para dar cabida a eso”, plantea.
La propuesta apunta a un equipo similar a un tribunal técnico que revise tanto la viabilidad médica como la económica: “Que puedan tener por una parte los criterios médicos y la evidencia científica, pero también la viabilidad económica. ¿Puede el país financiarlo o no?”.
Hoy, dice, el problema radica en que el mismo Ministerio de Salud es quien financia y quien atiende. “El que maneja la billetera de ese mismo hospital dice ‘no corresponde’. Y esa es la parte que nadie puede entender”.
La problemática no se limita a casos de alta complejidad. De La Torre recuerda que varias veces al año se informan cifras de personas que fallecen estando en lista de espera. “No significa necesariamente que por esperar ese tratamiento fallecieron, pero fallecen. Sigue siendo un número elevado en nuestro país y esta información la conocemos a través de la prensa”, indica.
También menciona situaciones más cotidianas: “El médico lo vio en el sistema público, le recetó un medicamento que existe y luego ese medicamento no se lo entregan porque no está disponible o no alcanzó la plata. Lo concreto es que no tiene el medicamento”.
Desde el caso más pequeño hasta el más mediático, sostiene, el elemento común es el mismo: “Hay una indicación, hay un tratamiento validado y el Estado no lo está entregando oportunamente”.
Para De La Torre, uno de los principales obstáculos es la rigidez administrativa. “Principalmente porque si no la Contraloría, como son fondos públicos, tú no puedes utilizarlos de una manera que no esté reglamentada”, explica. Sin un marco normativo que permita financiar estos tratamientos, los equipos jurídicos advierten que estarían fuera de la ley.
Por eso insiste en la necesidad de “un camino que sea flexible y expedito” que evite que los pacientes deban judicializar sus casos. Un canal legal que permita reclamar cuando exista un tratamiento que pueda salvar o mejorar la vida y no esté financiado, tanto en el sistema público como en el privado.
Consultado por las expectativas frente a un nuevo gobierno, De La Torre reconoce que “desde afuera siempre todo se ve más fácil”, pero que al interior del Ministerio de Salud las trabas burocráticas son complejas. “El ministerio es una especie de portaviones que, si quiere dar la vuelta, se demora meses o años en conseguir un pequeño giro”, grafica.
Aun así, afirma que no hay que conformarse y que se debe avanzar en fortalecer la infraestructura hospitalaria regional, como el Hospital Carlos Van Buren y otros recintos, y en recuperar la humanización de la atención sanitaria.
“El sistema le dijo que sí desde el punto de vista médico, pero la billetera le dice que no. Esa es la parte que nadie puede comprender”, concluye, insistiendo en que el caso de Thiare no es una excepción, sino el reflejo de una falla estructural que exige una solución de fondo.
PURANOTICIA
