La PDI incautó cerca de 3 kilos de cannabis y casi 6 kilos de cocaína base, además de un arma de fuego y municiones durante el operativo desarrollado junto a la Fiscalía SACFI.
Tras reunirse con el Seremi de Educación, representantes de la comunidad confirmaron que la autoridad no entregó soluciones concretas frente a la crisis financiera. Apoderados y trabajadores se movilizaron de negro denunciando que sus recursos solo llegan hasta agosto.
El operativo se desplegó en el sector de San Pedro tras una investigación por microtráfico y balaceras, logrando incautar un revólver robado, una escopeta artesanal y un chaleco antibalas.
La PDI allanó cinco domicilios en el marco de una investigación por microtráfico, incautando drogas avaluadas en más de $950 mil y un arma de fogueo modificada para el disparo.
El establecimiento señaló que investigarán las causas que originaron la emergencia en una zona apartada a las áreas de atención de pacientes.
El Consejo Regional de Valparaíso visó una modificación presupuestaria que permitirá el arriendo de ocho aeronaves de alta tecnología coordinadas por Carabineros y la PDI, tras un exitoso periodo previo que registró más de 900 detenidos por delitos flagrantes.
La dirección regional explicó los alcances del programa anunciado por el Presidente Kast, que permitirá salir de Chile sin sanciones a quienes cumplan los requisitos establecidos.
El parlamentario entregó su respaldo a la solicitud de apercibimiento contra Marcos Morales, presentada junto al abogado de los vecinos de la comunidad Diez de Mayo, Felipe Flores, que busca el cumplimiento del fallo que ordena medidas frente a los daños provocados por una planta de tratamiento de aguas servidas en el sector.
El dirigente gremial Eduardo Ojeda advirtió que el presupuesto actual solo alcanza hasta septiembre y calificó de «indigno» el estado de la infraestructura, enfatizando que la población de Valparaíso no puede postergar su atención de salud por los plazos de construcción.
Los jefes comunales figuran entre las 15 autoridades del país notificadas por el organismo fiscalizador, que les otorgó un plazo de 10 días hábiles para regularizar su situación.
