Informe remitido al tribunal de alzada porteño –y al que accedió Puranoticia.cl– sostiene que la recepción definitiva del proyecto del recinto de salud debió ser publicada por su magnitud, impacto e interés general, permitiendo así que terceros pudieran ejercer acciones.
Usuarios del medio de transporte denunciaron en redes sociales que en los vagones no estaba funcionando el aire acondicionado, en un día de temperatura elevada.
El imputado fue detenido luego que la Policía de Investigaciones reconstruyera la dinámica del ataque mediante cámaras de seguridad y empadronamiento, antecedentes que se sumaron a su reconocimiento voluntario de participación en los hechos.
El organismo fiscalizador determinó que la investigación no estaba agotada y ordenó realizar nuevas diligencias para esclarecer siete observaciones sobre contrataciones, pagos, gestión contable y atención ambulatoria. Hospital aseguró que cumplirá con lo instruido.
Tribunal acogió una acción de tutela y estableció una millonaria indemnización. La abogada de la víctima, Viviana Moya, sostuvo que el acoso laboral fue acreditado y que la enfermedad profesional tenía relación directa con el abuso que ejercía la directora del establecimiento.
El hecho ocurrió en horas de la noche en la ruta F-100-G, donde un automóvil terminó estrellándose contra unas panderetas. Las víctimas son dos hombres de 23 y 25 años.
Autoridad regional instó a los funcionarios a denunciar la eliminación de bonos históricos y rebajas salariales de hasta $600 mil aplicados por las sostenedoras, recordando que este tipo de medidas infringe la legislación vigente y arriesga severas multas.
Jenifferth Estay, madre de Mauro Alberto Gómez, quien murió tras ser atropellado por un microbús del recorrido 702 de Top Tur, cuestionó la falta de fiscalización en el transporte y aseguró que el empresario debería saber qué conductores trabajan en sus recorridos.
El imputado era buscado por su presunta participación en el crimen de Marcelo Castillo López, quien fue baleado al interior de su vehículo en noviembre del año pasado. El tribunal de Quillota decretó su prisión preventiva y estableció 30 días para desarrollar la investigación.
El procedimiento fue realizado por Carabineros y Seguridad Pública Municipal, en el marco de controles que buscan reforzar la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente.
