Preocupación por las externalidades que generará la decisión adoptada por la Seremi de Vivienda de Valparaíso, en orden a demoler la construcción ya finalizada del Hotel Punta Piqueros, emplazado en pleno borde costero de la comuna de Concón, manifestó el consejero regional (core) de Valparaíso, Manuel Millones.
Cabe recordar que la bajada regional del Minvu se acogió al fallo de mayo de 2022 de la Corte Suprema, que les instruía a emitir un pronunciamiento respecto al futuro de la obra ya construida, decisión que se materializó cerca de dos años después y que ya fue notificada a la inmobiliaria a cargo de este controvertido proyecto.
En conversación con Puranoticia.cl, el core Millones expuso que «la decisión de la seremi de Vivienda y Urbanismo, Belén Paredes, de proceder a la demolición del Hotel Punta Piqueros, sin duda es compleja por la externalidades que genera y la jurisprudencia que sienta en nuestro ordenamiento jurídico«.
Si bien, la autoridad regional precisó que la decisión se avala en un fallo judicial, advirtió que no se puede concretar dicha medida si no existe un plan de mitigación ambiental, por cuanto dijo que «la destrucción de ese inmueble, total o parcial, va a provocar efectos negativos en el mar y borde costero y, además, los costos de esa demolición, como lo dice el mismo artículo 157 de la ordenanza, corresponde hacerlo por el Serviu y con su presupuesto».
También sostuvo que, de no tomar medidas que aseguren los menores impactos en el medio marino, «la seremi Paredes se expone a una demanda por daño ambiental que puede levantar cualquier ciudadano o el mismo Municipio».
El Consejero Regional también analizó el hecho de que la decisión de la Seremi de Vivienda «abre la puerta para que todas las construcciones que están sin permiso y donde hay informes de Contraloría de edificación construidas sin permiso, también se proceda a su demolición».
En ese sentido, expuso que con ello «se reafirma que la Seremi tiene esta facultad y no puede escudarse en los municipios para ejercer la competencia que tiene por ley en estas materias».
Y reflexionó preguntándose si lo mejor sería «demoler o adecuar la propiedad a otro uso o fin público, incluso con las actuales normas urbanísticas».
El core Millones afirmó que «este caso va a servir para la academia, donde se deberá establecer la verdad jurídica y ver que estamos en este escenario que pudo evitarse si las autoridades hubieran hecho la pega y no eludieran sus responsabilidades. En un estado de derecho, lo que más importa es la certeza jurídica y las reglas del juego. Hay que reconstruir las confianzas para que se pueda confiar en la institucionalidad y no perdamos inversiones».
En la línea de lo expresado por el gobernador Rodrigo Mundaca, el consejero concluyó señalando que «comparto que no se puede construir en cualquier parte, el punto es que alguien o varios te lo permitieron, y allí está el lío y la judicialización, es decir la justicia debe solucionar los problemas que debieron ser enfrentados y resueltos por las autoridades administrativas».