El tribunal internacional estimó que el Estado chileno resultó responsable de la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y a la propiedad de los docentes, así como del deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile a indemnizar a los 846 docentes oriundos de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes, quienes pelearon judicialmente cerca de 16 años por la denominada «Deuda Histórica» con los profesores.
El tribunal internacional estimó que el Estado chileno resultó responsable de la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y a la propiedad de los docentes, así como del deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores.
Por eso, el órgano estableció múltiples opciones de reparación para los efectos de las indemnizaciones, como el pago directo a las víctimas o sus derechohabientes, en tres tractos anuales, los cuales comenzarán a contar a partir de un año ya notificada la sentencia.
La problemática se originó en la década de los ’80, cuando en Chile se produjo el traspaso de instituciones educativas como escuelas o liceos a los municipios. Mediante el artículo 40 del Decreto Ley 3.551, se otorgó una asignación especial no imponible a profesores que fueran dependientes del Mineduc. No obstante, muchos no la recibieron.
El monto adeudado alcanzaba los $72 mil millones, por lo que los abogados Ciro Colombara y Giampiero Fava interpusieron el recurso contra el Estado de Chile por el incumplimiento de 13 fallos judiciales ejecutoriados entre 1993 y 1997 que ordenaban el pago.
«Durante estos casi 30 años han muerto el 20% de ellos. Son adultos mayores, golpeados por pensiones miserables y, hoy día, por la pandemia. Son ciertamente un grupo vulnerable», reveló el defensor Colombara.
Concretamente, en la actualidad 324 profesores tienen entre 70 y 79 años de edad y 146 tienen más de 80 años.
El jurista agregó que en este caso «hubo mala fe del Estado, nunca hubo voluntad real de avanzar en un acuerdo. Incluso, en la etapa final el Estado pidió prórroga para hacer un planteamiento a los docentes, lo que nunca hizo. Y cada día y mes fallecían peticionarios».
