El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó una nueva alza en los precios de los combustibles y prevé un aumento de cerca de $30 para las bencinas y de $90 para el diésel.

Desde el Congreso, la autoridad sostuvo que “tiene que haber un alza, porque la verdad es que los precios han seguido subiendo afuera, tenemos una guerra y vamos a ir subiendo".

"Hoy tenemos las finanzas más ordenadas que antes. Vamos a ir subiendo un poco más paulatinos, esperamos alzas del orden de $30 o algo más en bencina y de $90 o algo por ahí en diésel", detalló el jefe de la billetera fiscal.

Cabe señalar que el último aumento en el precio de los combustibles se produjo a finales de julio. En ese momento, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció un alza en las bencinas de 93 y 97 de 32,9 pesos por litro. En tanto, el diésel aumentó 28,5 pesos por litro.

Desde ENAP han explicado que estos valores se ven influenciados por el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

PURANOTICIA

Tras casi una década desde el estreno de La venganza de Salazar (2017) y con una recaudación global que supera los 4.520 millones de dólares, Disney prepara el regreso de una de sus franquicias más exitosas. Sin embargo, la sexta entrega de Piratas del Caribe apunta a un rumbo diferente: Margot Robbie asumirá el protagonismo de la historia, mientras el icónico capitán Jack Sparrow quedará en un papel secundario.

De acuerdo con fuentes cercanas a la producción citadas por el medio especializado Deadline, la nueva película no estaría planteada como una continuación tradicional de las aventuras del famoso pirata. Esta secuela “no se percibirá como la enésima historia del capitán Jack Sparrow, sino que el próximo capítulo se centrará en la protagonista interpretada por Margot Robbie, con Sparrow como personaje secundario”, señalaron, calificando la propuesta como “en esencia, una evolución de la franquicia”.

El proyecto cuenta actualmente con un guion a cargo de Krystyn Wilson-Cairns, conocida por su trabajo en 1917, y buscaría recuperar parte de la fórmula utilizada en la primera película de la saga, estrenada en 2003, La maldición de la Perla Negra. En aquella cinta, Jack Sparrow tenía un rol de apoyo y se convertía en uno de los personajes que destacaba frente a los protagonistas más jóvenes.

Las negociaciones con Johnny Depp

El eventual regreso de Johnny Depp como Jack Sparrow se ha mantenido en duda durante los últimos años, luego de que Disney se distanciara del actor en medio de su mediático conflicto legal con su exesposa, Amber Heard.

Pese a que Depp llegó a declarar que no volvería a la saga ni siquiera por “300 millones de dólares y un millón de alpacas”, el escenario parece haber cambiado y las conversaciones para concretar su regreso estarían nuevamente sobre la mesa.

Durante su paso por la alfombra roja del evento D23, el productor principal de la franquicia, Jerry Bruckheimer, confirmó que existe interés en contar nuevamente con el actor.

“Estamos hablando con Johnny. Estamos trabajando en el guion y esperamos poder sacarlo adelante pronto”, aseguró el ejecutivo.

De esta manera, Disney busca renovar una de sus franquicias más exitosas sin desprenderse completamente de uno de sus personajes más reconocidos. La propuesta combinaría el protagonismo de Margot Robbie con la eventual presencia de Jack Sparrow en un rol secundario, abriendo una nueva etapa para la saga y dejando atrás el formato tradicional de las anteriores entregas.

PURANOTICIA

Fue el lunes 17 de agosto cuando el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó al Senado un proyecto de reforma constitucional que tiene como objetivo fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo, iniciativa que forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT).

La propuesta ingresó con suma urgencia, por lo que los senadores dispondrán de 15 días para abordar su discusión en la Cámara Alta. El texto contempla ocho modificaciones a la Constitución, entre ellas la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, medida que ha generado una serie de críticas debido a las facultades que podría concentrar el Presidente de la República.

Los alcances de la iniciativa fueron analizados por Felipe González, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso, de profesión Licenciado en Ciencias Jurídicas y académico –además– de la cátedra de Estrategias y Técnicas Penales.

La reforma presentada por el Gobierno de José Antonio Kast ante el Congreso Nacional propone agregar expresamente la seguridad pública entre los deberes del Estado, junto con la obligación de resguardar la seguridad nacional. El objetivo es precisar este mandato constitucional y facilitar la exigibilidad de esta responsabilidad estatal.

El proyecto crea nuevas medidas contra el crimen organizado, específicamente un nuevo artículo 9° bis que tiene como finalidad central el reconocer constitucionalmente la protección de la seguridad pública frente al crimen organizado.

Esto fue cuestionado por González, quien planteó que este tipo de materias sean incorporadas a la Constitución: "Es un craso error, en el sentido de que no está mal eventualmente proponer la discusión, pero está mal proponerlo a nivel constitucional. Estas son reformas que se pueden hacer a nivel de Código Penal o de reglamento, pero pretender constitucionalizar cualquier tipo de regulación de carácter legal, constituye un ejercicio donde básicamente no se está entendiendo para qué sirve qué. Estamos colocando cosas del Código Penal en la Constitución y en el fondo esas cosas que quieren colocar en la Constitución deberían estar en el Código Penal".

La iniciativa presentada incorpora también la posibilidad de que una ley cree registros de organizaciones criminales. La inscripción tendría efectos en la determinación de la responsabilidad penal de sus integrantes, aunque el Ministerio Público mantendría la obligación de acreditar la participación individual de cada imputado.

Sobre esta propuesta, el académico indicó que "tiene como objeto tener un registro conocido de personas que participen en organizaciones tribunales, lo cual tampoco debería ser materia de Constitución, sino que en el fondo es materia de ley. Ya hay un registro de ADN, que es material de ley; existe en el Registro Civil un registro de condena de las personas. Entonces, mal se pudiera entender que este registro constitucional pueda tener efecto distinto a los otros registros que ya tenemos".

El cuarto punto tiene que ver con la facultad presidencial para declarar una organización criminal o terrorista. En ese sentido, el proyecto entrega al Presidente de la República la facultad de declarar que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado, previo informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional.

También se incorpora la amenaza grave a la seguridad pública, por lo que la reforma constitucional ingresada al Senado amplía las circunstancias que podrían justificar la adopción de medidas excepcionales. A la actual referencia a la calamidad pública se sumaría una amenaza grave e inminente o una afectación grave de la seguridad pública.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública. Este podría ser declarado por el Presidente de la República ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta ya haya sido gravemente afectada. 

La medida tendría una duración máxima de cuatro meses y podría extenderse por otros cuatro meses mediante una decisión netamente presidencial. El Congreso recién tendría injerencia a partir de las prórrogas sucesivas, vale decir, ocho meses después.

El alcance de las restricciones que contempla esta figura fue uno de los principales puntos cuestionados por Felipe González, quien explicó a Puranoticia.cl que "esto no es solo detención por sospecha. El Presidente de la República, lo que podría determinar durante ocho meses, es que un grupo indeterminado de personas, una comuna completa o una región completa, puede quedar con arresto domiciliario total o en algún lugar determinado, durante ocho meses, sin derecho a reclamar nada".

El académico fue aún más crítico respecto de la concentración de facultades presidenciales y sostuvo que "lo que está haciendo este precepto en particular es constitucionalizar la dictadura. Van a decir que el Presidente es una persona elegida por todos, fue elegido por el 70% y en menos de tres meses ya tiene la mitad del apoyo que tenía antes. (…) Entonces, lo que me están diciendo es que durante ocho meses voy a estar encerrado en mi casa, bajo la idea de una sola persona y sin que el Congreso –que por lo menos tiene algo más de representatividad– pueda ratificar esto si no han pasado los ocho meses. Eso es la constitucionalización de una dictadura".

González insistió en sus reparos diciendo que "esto es constitucionalizar una dictadura. Y lo puede hacer bajo una excusa tan pueril como que hay un problema de seguridad, pero ¿donde no hay problemas de seguridad?".

Otra de las aristas de esta reforma constitucional del Gobierno es que mientras se encuentre vigente este nuevo estado de excepción, el Presidente podría suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión.

Como último punto, la propuesta establece que el Senado deberá aprobar o rechazar –en sesión secreta y por dos tercios de sus integrantes en ejercicio– la declaración presidencial respecto de una agrupación considerada terrorista o vinculada al crimen organizado. La Cámara Alta tendría cinco días desde la recepción de la solicitud para pronunciarse y no podría introducir modificaciones a la declaración.

En cuanto al plazo contemplado para el nuevo estado de excepción, el senador Andrés Longton, quien durante su etapa como diputado llegó a presidir la Comisión de Seguridad de la Cámara, comentó a Puranoticia.cl que "a mí también me parece que es un exceso 240 días (8 meses), eso no lo tiene ni el Estado de Sitio, no lo tiene el Estado de Asamblea, menos sin control del Congreso. El Estado de Guerra establece incluso una pasada por el Congreso para una aprobación. Por lo tanto, me parece que el control del Congreso te permite generar un equilibrio entre los poderes, sobre todo considerando que le estás dando una herramienta muy poderosa, porque en el fondo lo que hace el Estado de Excepción es limitar garantías constitucionales".

El parlamentario que milita en Renovación Nacional (RN) también planteó que el actual Estado de Emergencia podría ser una alternativa para abordar la situación, explicando que "hay ciertas limitaciones que en la práctica además se ocupan poco. ¿Qué haría yo? Yo creo que un Estado de Excepción nuevo. A mí me gustaría reforzar el Estado de Emergencia. Eso sería prudente, ponerlo un poquito más intenso en atención a la penetración del crimen organizado y el narcotráfico, que son verdaderos estados independientes y soberanos con mucho poder".

El legislador oficialista adelantó que "vamos a trabajar en la discusión en general y en particular para mejorar el proyecto en ese y en otros aspectos. No solamente son esos aspectos los delicados, hay otros también". y reiteró que "entonces la verdad es que yo creo que más que avanzar en un nuevo Estado de Excepción, creo que podemos fortalecer el Estado de Emergencia. Si se quiere avanzar en uno nuevo, obviamente tienen que ser muy distinto del que se plantea en el proyecto".

Cabe hacer presente que la iniciativa deberá continuar ahora su tramitación en el Senado, donde los parlamentarios deberán analizar tanto las nuevas herramientas propuestas para enfrentar el crimen organizado como los mecanismos de control sobre las facultades presidenciales, y donde el debate estará marcado especialmente por el alcance del nuevo estado de excepción, la duración de sus posibles restricciones y el nivel de intervención que tendría el Congreso frente a su aplicación.

PURANOTICIA

Al menos 23 personas murieron, entre ellas dos menores de edad, y otras cinco resultaron heridas este miércoles tras una colisión frontal entre un minibús y un camión registrada a la altura de Ipiranga, en el estado de Paraná, en el sur de Brasil.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el camión habría invadido el carril contrario, provocando el impacto frontal con el minibús. Así lo informó la Policía Federal de Carreteras.

"Las pruebas preliminares sugieren que el camión invadió el carril contrario, chocando de frente con el minibús. Las circunstancias se están analizando mediante una investigación en el lugar del accidente", ha declarado la Policía Federal de Carreteras.

Según información preliminar entregada por las autoridades, tres personas fueron rescatadas en estado grave y otras dos presentaron heridas de carácter moderado. La mayoría de las víctimas viajaba en el minibús, perteneciente al Departamento de Salud del Ayuntamiento de Imbituva, localidad ubicada al oeste de Curitiba, capital del estado de Paraná.

El accidente ocurrió cerca de las 3:30 horas (hora local), en el kilómetro 209 de la carretera, lo que obligó a las autoridades a cerrar completamente el tramo, que cuenta con una sola pista, durante aproximadamente siete horas.

La información fue recogida por el diario O Globo, mientras los equipos de emergencia y las autoridades continúan trabajando en el lugar para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.

PURANOTICIA

Finalmente, Michael Clark quedó en prisión preventiva por un plazo de 120 días, luego de que la jueza Paulina Moya decretara la medida cautelar para el ex presidente de Azul Azul, en el marco de la investigación por el caso Sartor AGF.

La decisión judicial generó diversas reacciones en el mundo del fútbol, entre ellas la de Johnny Herrera, histórico exarquero de Universidad de Chile, quien celebró la medida adoptada contra el otrora timonel de los azules.

A través de su cuenta de Instagram, el exguardameta manifestó su postura y apuntó directamente contra quienes, a su juicio, tuvieron responsabilidad en la situación que afecta al club.

"Que caigan todos los que estuvieron en el robo sistemático de nuestro querido club", publicó el otrora golero.

Posteriormente, Herrera profundizó en su mensaje y llamó a que todos quienes hayan tenido algún grado de participación o responsabilidad en los hechos sean investigados.

"Sin perdón ni olvido. No! Caiga quien caiga… sí!! Que caigan todos los que estuvieron en el robo sistemático de nuestro querido club en los últimos 6 años. Encubridores, cómplices, partícipes, etc… váyanse de la U!!", añadió.

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El presidente José Antonio Kast llegó durante la mañana de este miércoles a la región de Antofagasta para monitorear en terreno las medidas adoptadas ante la emergencia climática, evaluar personalmente los daños y anunciar nuevas acciones de ayuda y reparación.

La primera actividad del mandatario será una reunión de coordinación con autoridades locales en la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta. Posteriormente, se trasladará hasta Tocopilla para inspeccionar en terreno los efectos provocados por la emergencia.

"Estamos en Antofagasta, evaluando las consecuencias del sistema frontal que afectó a Tocopilla y otras localidades de la región. Junto al Gobernador, Delegada, Subsecretarios y autoridades nos reunimos en la mesa técnica en la Delegación Presidencial Regional para ver las acciones a seguir, una vez superada la emergencia inmediata", señaló el mandatario en X.

La emergencia se desencadenó durante la jornada del martes, cuando intensas precipitaciones asociadas a una baja segregada provocaron la activación de quebradas y aluviones en Iquique, Antofagasta y Tocopilla.

En Tocopilla, las consecuencias de las lluvias y aluviones fueron particularmente graves, por lo que el Gobierno decretó la zona como zona de catástrofe, medida que permitirá reforzar las acciones de respuesta y recuperación en la comuna.

Durante la noche del martes, en un balance realizado desde Senapred, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, advirtió que la situación en la provincia de Tocopilla "ha alcanzado una especial gravedad".

Con su visita a la región, el presidente Kast busca conocer directamente la magnitud de los daños, supervisar la respuesta de las autoridades y definir las medidas necesarias para enfrentar la emergencia y avanzar posteriormente en la etapa de recuperación.

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La PDI investiga un brutal homicidio ocurrido al interior de una casa okupa en la comuna de La Granja, en la región Metropolitana, hecho que quedó al descubierto durante las últimas horas.

El crimen se registró en un inmueble ubicado en calle Los Vilos, donde fue encontrado el cuerpo de un hombre de entre 40 y 50 años, quien residía en el lugar y cuya identidad aún no ha sido establecida.

Respecto de las lesiones que presentaba la víctima, el subcomisario Víctor Monje, de la Brigada de Homicidios de la PDI, informó que "presenta un impacto balístico en abdomen y lesiones contusas a nivel craneal".

El funcionario policial explicó además que el inmueble era utilizado como casa okupa y era habitado por varias personas, por lo que hasta el momento no existe un titular identificado del domicilio.

Añadió que "la vivienda es usada actualmente como casa okupa, donde residen varias personas, entre ellas la víctima, no tenemos en este momento una persona titular del domicilio"

En cuanto a las personas que se encontraban en el recinto al momento de los hechos, Monje indicó que al menos cinco residentes fueron identificados y serán citados a declarar ante la policía.

También indico que "Carabineros logró identificar al menos cinco personas que se encuentran prontas a prestar declaración con la policía, serían residentes de este recinto".

Respecto de la dinámica del homicidio, el subcomisario señaló que el autor habría ingresado por la puerta principal y se encontró con la víctima en uno de los pasillos del inmueble, lugar donde se produjo el ataque que terminó con su vida.

En cuanto a la dinámica del crimen, señaló que "el autor ingresa por la puerta principal y se encuentra con la víctima en el pasillo de distribución, donde se le causa la muerte a esta persona".

La Brigada de Homicidios de la PDI continúa realizando diligencias para establecer las circunstancias del crimen, identificar al responsable y determinar el móvil del homicidio.

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El regreso de Marcela Vacarezza a la televisión después de siete años de ausencia generó diversas reacciones en la farándula nacional. La comunicadora se incorporó este lunes al programa "Hay que decirlo" de Canal 13, donde compartirá pantalla con Laura Prieto, en medio de una reestructuración del espacio televisivo tras las salidas de Gissella Gallardo, Alexandra Vidal y Manu González.

Aunque Vacarezza recibió una cálida bienvenida por parte de los conductores Pamela Díaz e Ignacio Gutiérrez, su llegada no estuvo exenta de críticas.

Durante la más reciente emisión del espacio Modo cahuín, Daniella Campos analizó el fichaje junto a César Fuenzalida. Si bien ambos coincidieron en el potencial de la psicóloga para atraer auspiciadores, Campos cuestionó la credibilidad de la comunicadora debido a que inicialmente había desmentido su llegada a Canal 13.

"Se instala nuevamente en Chile, noticia que hace poco había desmentido y eso hace que uno pierda la credibilidad en un personaje. Se entiende que uno no puede hablar en un principio, que hay un secreto con la casa televisiva, pero ¿para qué desmentir la noticia cuando sale en dos días confirmada?".

La panelista continuó con sus críticas y apuntó directamente contra el perfil televisivo de la ex Miss Chile, poniendo en duda su capacidad para generar entretención en el horario de la tarde.

"Quizás te pueda traer más marcas, pero ella es una de las personas más fomes que existe. Moverá marcas, pero es la persona más fome que yo podría llevar para la tarde para que me entretenga, fome, pero con la palabra fome", afirmó con dureza.

Finalmente, Campos cuestionó el peso propio de Vacarezza dentro de la industria televisiva y puso en duda el aporte que podría realizar en términos de audiencia al programa vespertino.

"Ella sin Rafa Araneda no existiría televisivamente", lanzó sin tapujos.

La panelista cerró sus declaraciones apuntando a la importancia de los resultados de audiencia para justificar la incorporación de una figura televisiva: ‘‘uno tiene que tener puntos de rating para poder justificar el ingreso económico del personaje que tú aludes, y yo siento que ella sería la última carta que vería en mi naipe para entretener a la gente en las tardes en la televisión chilena".

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El diputado por el Distrito 7 de la región de Valparaíso, Jaime Bassa, ofició a distintos organismos para solicitar información detallada sobre la tramitación ambiental y urbanística del proyecto inmobiliario Alto Santorini, de Inmobiliaria Lote 21 SpA, cuyo Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado el 23 de junio para esta iniciativa que contempla una torre de 15 pisos y 177 departamentos, proyectada a solo un metro del polígono protegido del Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de Concón.

La solicitud surge tanto por la preocupación respecto del impacto que una obra de esta magnitud podría generar sobre un ecosistema de alta fragilidad y valor ambiental, como por los antecedentes conocidos sobre su proceso de evaluación.

El diseño arquitectónico fue desarrollado por la oficina Quiroz y Puelma Arquitectos, liderada por Víctor Quiroz, hermano del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Previo a la aprobación ambiental, el arquitecto sostuvo reuniones registradas por Ley de Lobby con autoridades sectoriales que posteriormente participaron en la evaluación del proyecto, entre ellas la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y las seremis de Salud, Minería, Energía y Desarrollo Social de Valparaíso.

“Dada la importancia que tiene el Campo Dunar para el medio ambiente y considerando los antecedentes que rodean la tramitación de este proyecto, corresponde despejar cualquier duda de irregularidad. Cuando existen reuniones previas con autoridades que después deben pronunciarse sobre un proyecto y, además, hay un vínculo familiar directo entre quien participa de su diseño y un ministro de Estado, la transparencia y la probidad deben estar especialmente resguardadas. Nuestra labor fiscalizadora consiste justamente en pedir los antecedentes, revisar cómo se tomaron las decisiones y dar garantías a la ciudadanía de que se actuó con absoluta imparcialidad”, señaló el diputado Jaime Bassa.

En concreto, el oficio solicita al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el expediente íntegro del proyecto y su Resolución de Calificación Ambiental, además de las actas, minutas y materias abordadas en las reuniones de Lobby. Asimismo, pide informar si existieron abstenciones, solicitudes de inhabilitación o protocolos de prevención de conflictos de interés asociados al vínculo de parentesco mencionado.

También requiere a la Superintendencia del Medio Ambiente informar sobre eventuales denuncias, fiscalizaciones e inspecciones en el área; al Ministerio de Vivienda y Urbanismo antecedentes sobre revisiones urbanísticas; a las seremis involucradas, los informes técnicos y fundamentos de sus votos favorables; y a la Delegación Presidencial Regional, las medidas de coordinación adoptadas para resguardar el Campo Dunar frente al desarrollo de proyectos inmobiliarios.

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