La fiscalía está investigando si la magistrada del 3° Juzgado de Familia de Santiago, María Alejandra González Yutronic, denunciada por uso de licencias médicas falsas y conocida por su afición al juego, recurrió a “prestamistas informales” para financiar su alto nivel de gastos en apuestas, además de sus nexos con directivos de casinos.
Un escrito del organismo persecutor detalla que “el desproporcionado movimiento de las cuentas corrientes y productos bancarios de la imputada, unido a los nuevos antecedentes relativos a supuestos vínculos con prestamistas informales y a que a la fecha su frecuencia de habitualidad en los casinos no (se) ha reducido sino, por el contrario, se ha mantenido", según consignó El Mercurio
Todo esto "sumado a su supuesta vinculación con altos directivos de los casinos que frecuenta, podría abrir una nueva arista en la investigación en orden a la legalidad de los premios obtenidos por la imputada”.
La magistrada ha obtenido ganancias por sobre los $1.300 millones, incluido un automóvil ganado en el sorteo de un casino, además de existir depósitos en efectivo y en otras modalidades cuya procedencia no es clara, para el período 2019 a 2023.
Por ello la fiscalía consiguió ampliar el levantamiento del secreto bancario para “corroborar la participación de la imputada en el ilícito (…) apreciar si de alguna forma se encuentran justificados o no los movimientos en sus cuentas corrientes”.
Lo anterior permitirá también “hacer el cruce de información entre el uso de sus licencias médicas y los lugares donde efectuó gastos los días de las referidas licencias, sus vinculaciones con terceros asociados a los juegos de azar, prestamos ilegales o tráfico de influencias, e incluso, eventual lavado de activos”.
En paralelo, la PDI ordenó a principios de este mes tomar declaración en calidad de testigos a Patricio Herman Vivar y Manuel Rojas Ramírez, gerentes generales de Dreams y Monticello, respectivamente, para que aclaren si se reportó la totalidad de las transacciones realizadas por la jueza, debido a que una circular de la Unidad de Análisis Financiero y la Superintendencia de casinos se debe informar aquellas iguales o superiores a US$3 mil.
PURANOTICIA
Cercanos a los ejecutivos indican que no existe “lazo de amistad” entre las partes. Herman “no la conoce personalmente”, porque en el período investigado residía en Panamá, mientras que Rojas mantenía un trato “amable y cordial” con ella en su calidad de clienta VIP.
Además el medio consiga una declaración Rodrigo González, hermano de la jueza, quien afirma que “causa mucha extrañeza el nivel de vida que tiene, considerando que es una funcionaria pública”. También cree que “anda metida hace un tiempo en situaciones que están al límite de la legalidad”.
En paralelo, se solicitó a la Corte Suprema abrir un cuaderno de remoción lo que podría alejar a la jueza del Poder Judicial.
