La discusión sobre la continuidad del Estado de Excepción en la Macrozona Sur se reavivó tras la publicación del informe de marzo de 2026 elaborado por la Multigremial de La Araucanía. A través de este documento, la entidad alerta que la caída en los índices de ataques durante los últimos años representa únicamente un escenario de “contención frágil”, descartando de plano que el conflicto haya llegado a su fin.
Cinco episodios de violencia se han acumulado durante el primer trimestre del año, de los cuales dos ocurrieron específicamente en el tercer mes. Si bien la agrupación reconoce una disminución progresiva en las estadísticas desde 2021, subraya que esta merma no se traduce en la pérdida de capacidad operativa ni en la extinción de las facciones radicales.
Frente a este panorama, el reporte advierte sobre el riesgo de levantar las medidas de seguridad actuales. Se recalca que, históricamente, cada vez que se ha debilitado el Estado de Emergencia se han producido rebrotes de los ataques, por lo que suprimir esta herramienta sin desmantelar previamente a las agrupaciones podría desencadenar un nuevo ciclo de escalada violenta.
Al evaluar la evolución del conflicto, el estudio identifica diversas fases, marcadas tanto por una alta presencia militar como por lapsos de reducción de atentados. Sin embargo, se hace hincapié en que una menor frecuencia no equivale a una baja en la gravedad de los ilícitos, evidenciando una dinámica donde los hechos son menos numerosos, pero de mayor intensidad.
Las comunas de Lautaro y Teodoro Schmidt concentraron la totalidad de los incidentes registrados en marzo, los cuales correspondieron exclusivamente a atentados incendiarios dentro de la Región de La Araucanía. Para la Multigremial, este comportamiento demuestra que la violencia experimenta un desplazamiento territorial, eludiendo una focalización fija para adaptarse a nuevos espacios.
Las consecuencias económicas de esta crisis también ocupan un lugar central en el balance. Más de 110 camiones han sido destruidos por el fuego en los últimos dos años, generando millonarias pérdidas que han golpeado con especial dureza a los sectores de la construcción y forestal.
Hacia el cierre del texto, se detalla que al menos siete grupos mantienen operaciones activas en la zona y que un 35% de los ataques cuentan con adjudicación. Dentro de las organizaciones mencionadas figuran la Resistencia Mapuche Lafkenche, Weichan Auka Mapu y la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
El diagnóstico final de la asociación es tajante respecto a la situación actual. “Esto no está resuelto. Está contenido”, sentencia el informe, reiterando la urgencia de avanzar en la desarticulación de estas orgánicas y de sostener medidas de seguridad reforzadas.
Abordando esta problemática en radio Bio Bio, el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, alertó sobre los peligros de modificar la estrategia. “el doble retiro del estado de emergencia en la zona sur puede ser una decisión anticipada y, al menos, riesgosa. Sabemos que cuando no existió esta medida, o cuando se levantó, los hechos graves de violencia aumentaron y alcanzaron niveles extremadamente altos. El terrorismo sigue presente, con alrededor de cuatro atentados por mes, algo que no es normal en ninguna parte del mundo”, aseveró el dirigente.
El líder gremial también cuestionó la posibilidad de que se apliquen eventuales reducciones en los controles. En ese sentido, argumentó que “el gobierno y el candidato hicieron una promesa en materia de seguridad, y no puede ser que, a poco andar, ya estemos hablando de menos resguardo. Para retirar el estado de excepción debe existir una desarticulación completa de los grupos terroristas. Esa es la condición mínima”.
Como punto de cierre, Santibáñez remarcó que la principal exigencia de los habitantes del sector sigue siendo la tranquilidad. Al respecto, concluyó que “la demanda de las personas en la zona de conflicto, donde mayoritariamente se respaldó al nuevo gobierno con votaciones cercanas al 75%, es clara: orden y seguridad. Esa es la base. Eso es lo que los ciudadanos le exigen al gobierno”.
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