Bajo fuertes medidas de seguridad, la Fiscalía de Arica comenzó a presentar, ante el Juzgado de Garantía, todos sus medios de prueba reunidos a lo largo de la investigación contra los miembros de la organización criminal Los Gallegos.
Se trata de 38 sujetos, la mayoría venezolanos, que pertenecen al brazo operativo del Tren de Aragua en Arica, responsables de diversos delitos violentos como homicidios, secuestros, tráfico de armas, de drogas y trata de personas, entre otros crímenes.
De esta manera, la fiscalía comenzó la preparación de juicio oral con la presentación de las pruebas reunidas en la indagatoria, a fin de que éstas posteriormente puedan ser rendidas en el respectivo juicio oral por estos crímenes.
Para 11 de los imputados, la fiscalía pide presidio perpetuo, además de otras penas que suman más de 200 años de cárcel para los restantes.
Del total de acusados, solo 11 de ellos se encuentran en prisión preventiva en la cárcel de Acha de Arica, los que deben ser trasladados hasta el tribunal bajo estrictas medidas de seguridad.
El resto de los miembros de Los Gallegos, entre ellos los líderes, permanecen en recintos penitenciarios de otras regiones del país y comparecen a las audiencias vía remota. Se estima que esta audiencia de preparación de juicio oral se extienda por dos semanas.
La acusación incluye 22 hechos delictivos en que los acusados tuvieron distintos grados de participación. Así, entre otros delitos se les atribuye siete homicidios (seis de ellos calificados) registrados durante el año 2022, en tres de los cuales enterraron a sus víctimas en distintas zonas del sector de Cerro Chuño.
Dentro de la prueba de la Fiscalía se cuentan peritajes de armas de fuego y peritajes contables de 12 cuadernos incautados, en los que se controlaban las finanzas de la agrupación criminal. Se suman más de 60 informes policiales, la mayoría de ellos que corresponden al análisis de más de 140 teléfonos intervenidos.
Esta indagatoria fue trabajada junto a la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI, y se inició en enero de 2022 incluyendo tres grandes procedimientos y operativos en Cerro Chuño.