El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, abordó el futuro del tren Valparaíso-Santiago y realizó una dura evaluación del proyecto impulsado durante el Gobierno anterior, además, aseguró que tanto la Ley Uber, así como la Ley CATI (Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones), debiesen ver la luz durante este año.
Pese asegurar que una conexión ferroviaria entre ambas regiones es necesaria, afirmó que la iniciativa carece de estudios técnicos y enfrenta obstáculos financieros.
“Ese es un proyecto que yo creo que como ciudad lo necesitamos, tanto los vecinos de Valparaíso, de Santiago y todas las comunas al interior”, agregando que “creo que es un proyecto que tiene bastante mérito”, sostuvo en entrevista con radio Pauta.
Además, marcó distancia con la idea de un tren rápido, señalando que “olvidémonos del tren rápido. El tren rápido no tiene ningún sentido. Este es un proyecto más de carácter suburbano”.
De Grange sostuvo que la administración de Boric anunció la iniciativa sin respaldo suficiente para impulsarla.
“El anterior Gobierno hizo anuncios, pero sin ningún estudio. Ninguno. Solamente un croquis, un dibujo”, afirmó.
Luego profundizó remarcando que “no hay ningún estudio. No existe ninguno”, agregando que “mucho menos ingeniería de detalle, ni siquiera ingeniería conceptual".
El ministro afirmó que el presupuesto requerido representa otra dificultad importante. “El problema es que ese proyecto vale 3.500 millones de dólares. Ese es el gran problema. Y no tiene ningún avance”, sostuvo.
El secretario de Estado explicó que el escenario económico actual obliga a priorizar. "Estamos frente a una situación de estrechez fiscal que es evidente".
"Como cuesta 3.500 millones de dólares y no hay estudios, hay que tener números más precisos y ver en qué momento de la cartera de inversiones del país lo podemos empujar, porque hoy compite con muchos otros proyectos regionales que son tremendamente necesarios", aseguró.
Sin embargo, De Grange evitó cerrar completamente la puerta a la iniciativa, destacando que “yo sí creo que es un trazado que tiene muchísimo potencial”.
Sobre la Ley Uber y la Ley CATI (Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones), expuso que "los dos proyectos necesitan una plataforma y ninguna de las dos plataformas ha existido. Tanto la ley Uber como la ley CATI necesitan plataformas tecnológicas para que funcionen”.
En el caso de la iniciativa que busca reducir los accidentes mediante fiscalización automatizada, detalló que “necesitas instalar las cámaras y necesitas todo el software computacional que agarra la información de las cámaras”.
“Estamos avanzando justamente en la plataforma (…) tampoco existía la plataforma EAT de la Ley Uber, siendo que el anterior gobierno se gastó más de 500 millones de pesos en una consultoría para desarrollarla y tuvieron que botar el proyecto, tuvieron que licitarlo de nuevo y nosotros ahora agarramos esa nueva licitación”, comentó.
El ministro puso énfasis en que debieron ingresar nuevo reglamento de esta ley a Contraloría, para proteger el empleo y la calidad de servicio, pues “la anterior versión del reglamento era espantosa. Te dejabas fuera el 85% de los vehículos”.
“Yo espero que la Ley EAT este 2026, y la Ley CATI también esperamos avanzar con bastante celeridad, con sentido de urgencia y esperamos tener buenas noticias pronto, ojalá este año”, señaló.
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