Ministro Rabat anuncia suspensión de decretos de rebaja de condena a condenados por delitos sexuales tras detectar vacío legal

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, anunció este viernes la suspensión de la tramitación de los decretos de rebaja de condena para personas condenadas por delitos sexuales, junto con una serie de medidas legislativas destinadas a impedir que quienes cometieron delitos contra niños, niñas y adolescentes continúen accediendo a estos beneficios.

Según un comunicado oficial, la decisión se adoptó tras un análisis de la normativa vigente, mediante el cual se identificó un vacío legal relacionado con la aplicación de las restricciones a las rebajas de condena para personas sentenciadas antes de 2022.

Al respecto, el ministro Rabat señaló que "lo que haremos ahora es abordar este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022".

"Mientras tanto, vamos a dejar suspendida la tramitación de estos decretos, porque con la discusión inmediata de las iniciativas podremos zanjar esta situación en un breve tiempo y darle tranquilidad a la ciudadanía", añadió.

Además, el Ministerio anunció la presentación de un proyecto de ley para modificar el procedimiento de acceso al beneficio de reducción de condena por conducta intachable, revisar las causales de exclusión e incorporar una regla de temporalidad que permita precisar qué requisitos deberán cumplir los postulantes. La iniciativa también contemplará normas para garantizar el derecho de la víctima a ser oída, además de indicaciones y otras propuestas legislativas destinadas a restringir estos beneficios.

Asimismo, el Ejecutivo impulsará el proyecto de ley que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, una moción parlamentaria transversal que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. La iniciativa contempla un procedimiento especial para que las solicitudes de beneficios establecidos en la Ley N.º 19.856, las de libertad condicional y otras prestaciones penitenciarias sean conocidas y resueltas por jueces.

"De esta forma, estas decisiones dejarían de estar a cargo de las actuales comisiones especiales establecidas por la legislación, trasladando su conocimiento a los tribunales de justicia", cerró el comunicado oficial.

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