Un tenso intercambio protagonizaron los concejales de Villa Alemana durante el inicio de la última sesión ordinaria de la instancia comunal, luego de que el alcalde Nelson Estay pusiera sobre la mesa la aplicación voluntaria de test de drogas para los ediles, medida que —según recordaron varios— ya había sido aprobada previamente de forma unánime junto a otros exámenes.
El conflicto surgió cuando se informó que ya existía una cotización para el examen de drogas y se comenzó a consultar quiénes estaban dispuestos a realizarlo. Sin embargo, rápidamente algunos concejales cuestionaron que solo se estuviera considerando ese test y no los otros dos acordados: alcohol y salud mental.
“Lo que se aprobó por unanimidad del Consejo Municipal fueron las tres cosas”, reclamó la concejala María Fernanda Ternicier, acusando que se estaba “poniendo sobre la mesa solamente una” de las medidas comprometidas.
La discusión subió de tono cuando varios ediles interrumpieron el procedimiento, alegando que el tema no estaba en tabla o que debía ser revisado previamente en comisión. Incluso, uno de ellos cuestionó abiertamente la forma en que se estaba abordando el tema: “Usted nos está pidiendo que hoy día nos manifestemos respecto a un examen que ni siquiera sabemos de qué se trata”, expresó el concejal Marcelo Góngora.
Desde la presidencia del Concejo se insistió en que el objetivo era simplemente conocer quiénes se someterían al test para avanzar en la contratación del servicio, enfatizando que el examen de drogas responde a una obligación legal para funcionarios directivos, mientras que para concejales es voluntario.
A medida que avanzaba la discusión, quedó en evidencia la división entre los concejales. Algunos manifestaron de inmediato su disposición a realizarse el examen, mientras otros rechazaron hacerlo o condicionaron su decisión a conocer mayores detalles técnicos y administrativos.
Incluso hubo quienes descartaron participar abiertamente, señalando que no tenía sentido someterse al test o cuestionando la falta de información sobre el procedimiento.
Otro de los puntos que encendió el debate fue la acusación de improvisación. Algunos concejales insistieron en que el tema debía ser discutido en la comisión de régimen interno antes de ser planteado en sesión, criticando que se intentara resolver en el momento una materia que, según ellos, requería mayor claridad.
“Hagamos las cosas en orden”, fue uno de los llamados durante la discusión, reflejando el malestar por la forma en que se llevó adelante el proceso.
Pese a que el test de drogas —junto a otras evaluaciones— había sido aprobado previamente por unanimidad, la sesión evidenció que no existe consenso sobre su implementación. La controversia dejó en evidencia diferencias tanto en lo político como en lo procedimental, instalando dudas sobre si finalmente se aplicará el paquete completo de medidas acordadas.
El episodio, concentrado en los primeros 30 minutos del concejo, terminó por marcar el tono de una sesión que partió con roces y evidenció fracturas internas en torno a un tema que, en teoría, ya estaba zanjado.
PURANOTICIA
