La reciente ola de violencia, que resultó en cinco homicidios en diferentes puntos del país, ha generado una fuerte reacción en la Comisión de Seguridad de ambas Cámaras del Congreso. Los parlamentarios exigieron al Gobierno acelerar la tramitación de los proyectos relacionados con las Reglas de Uso de la Fuerza y la Infraestructura Crítica, los cuales aún se encuentran en proceso de discusión.
A pesar del creciente número de homicidios y otros delitos, el Gobierno no ha actualizado las cifras oficiales desde junio del año pasado. Esta falta de información ha generado preocupación entre los legisladores, quienes cuestionaron la opacidad de las estadísticas.
En este contexto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, explicó que las cifras oficiales deberían ser publicadas durante las primeras semanas de abril. Sin embargo, la diputada Gloria Naveillán, presidenta de la Comisión de Seguridad, criticó la falta de actualización, calificando las cifras entregadas por el Ejecutivo como «erráticas». «Las cifras del gobierno no son creíbles en nada, ni en economía, ni en seguridad. Lo mínimo que pido es transparencia», sostuvo a radio Bio Bio.
El diputado Jaime Araya también se sumó a la crítica, haciendo un llamado al Gobierno para acelerar la tramitación de los proyectos de seguridad en curso, especialmente aquellos relacionados con el uso de la fuerza y la infraestructura crítica. «Es muy importante acelerar la tramitación de las reglas de uso de fuerza para que de una vez por todas tengamos a los militares trabajando con Carabineros en los grandes centros urbanos», señaló al mismo medio.
Por su parte, las posturas políticas sobre las medidas de seguridad también estuvieron divididas. Evelyn Matthei, candidata presidencial de la UDI y RN, sugirió abrir un debate sobre el tema, recordando su postura en 2001, cuando votó en contra de la abolición de la pena de muerte. Mientras tanto, Johannes Kaiser, abanderado del Partido Nacional Libertario, presentó un proyecto de ley para aplicar la pena de muerte a quienes asesinen a funcionarios policiales o militares. En contraste, José Antonio Kast, de Republicanos, se mostró en contra de esta medida y abogó por la cadena perpetua efectiva.
