Un reclamo administrativo fue presentado ante la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, solicitando dejar sin efecto un certificado otorgado por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Quillota que acogió a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria a un proyecto de equipamiento de salud.
La acción fue interpuesta por Andrey Moil Rojas, quien pide invalidar el Certificado de Copropiedad Inmobiliaria N° 502, emitido el 1 de diciembre de 2025 por el director de Obras Municipales, Marcelo Merino Michel. Dicho documento certifica que el proyecto ubicado en calle Teniente Ignacio Serrano Oriente N° 102 –correspondiente a la Clínica Sudmédica– se acoge al régimen de copropiedad como condominio tipo A.
En su presentación –documento al que tuvo acceso Puranoticia.cl–, el reclamante sostiene que este acto administrativo es ilegal y debe ser anulado, argumentando que el proyecto en cuestión contraviene normas urbanísticas vigentes.
Según el escrito, la iniciativa fue originalmente aprobada en 2019 como obra nueva para un equipamiento de salud de seis pisos y un subterráneo, con una superficie de 4.751,03 metros cuadrados en un terreno de 4.800 metros cuadrados. Sin embargo, se acusa que su ejecución se habría realizado en disconformidad con el permiso otorgado, lo que incluso habría derivado en modificaciones posteriores autorizadas por la DOM.
Uno de los principales fundamentos del reclamo presentado ante la bajada regional del Minvu en Valparaíso es un dictamen de la Contraloría General de la República, el cual concluyó que el proyecto se emplaza en una zona donde no está permitido ese tipo de equipamiento, de acuerdo al Plan Regulador Comunal de Quillota.
El documento cita que el predio corresponde a una zona de industrias inofensivas, donde no se admite el uso de equipamiento de salud, y que no hay sustento normativo para asimilarlo a equipamiento comercial. Asimismo, se señala que el DOM habría excedido sus facultades al interpretar la normativa urbanística para permitir el proyecto.
El reclamante también argumenta que los dictámenes de la Contraloría General de la República son obligatorios para los funcionarios públicos, por lo que acusa que la emisión del certificado en 2025 se realizó pese a dichas observaciones.
Además, sostiene que para acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria, la normativa exige cumplir con las disposiciones urbanísticas y del plan regulador, lo que no estaría ocurriendo en este caso, según expone el denunciante.
A modo de conclusión, en su petitorio solicita a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso admitir el reclamo, acogerlo y dejar sin efecto el certificado cuestionado o, bien, ordenar a la Dirección de Obras Municipales de Quillota que lo anule.
PURANOTICIA
