El presidente Gabriel Boric promulgó la Ley Antinarcotráfico, que fortalece la persecución del tráfico de drogas y el crimen organizado, y que permite el cultivo medicinal de cannabis sativa, lo que llevó a un grupo de parlamentarios a impugnarla sin éxito en el Tribunal Constitucional.
En un acto realizado en Viña del Mar, el mandatario destacó que esta ley fue uno de los 16 proyectos de seguridad al que el Gobierno les dio urgencia en marzo, lo que perrmitó una tramitación rápida en el Congreso.
Resaltó que el proyecto obtuvo un apoyo transversal, a pesar de que un grupo de parlamentarios acudió al Tribunal Constitucional, lo que retrasó su promulgación en casi dos meses.
El Presidente destacó el diálogo que se desarrolló para aprobar esta norma, y pidió que se repita «en los cerca de 30 proyectos que en conjunto, Gobierno y oposición, hemos priorizado en materia de seguridad, por cierto con estándar de respeto a los derechos humanos, que no es incompatible con la persecución firme, categórica e implacable de quienes cometen delitos».
En cuanto a la ley misma, Boric resaltó que «es un paso muy importante en la dirección de impedir que las organizaciones se enriquezcan. Hay muchas que, durante mucho tiempo, se acostumbraron a ostentar el producto de sus delitos y se generó una cultura de ostentación que pareciera haberse naturalizado».
“Nuestro objetivo fundamental es disminuir los delitos violentos, vamos a detener el alza de homicidios que hace varios años se vienen registrando en nuestro país. Nuestro objetivo es también golpear con mucha fuerza al crimen organizado y recuperar cada uno de los barrios que han sido tomados por narcotraficantes”, dijo el mandatario en la instancia.
La ley, complementó Boric, «fortalece la persecución de la ruta del dinero tras el narco y el crimen organizado, incorporando la fiscalización de actividades sospechosas a nuevos rubros antes no considerados».
Además, «regula el destino de los bienes incautados en estos delitos, lo que permitirá que el valor de estos sean transferidos a instituciones con fines de prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol».
Asimismo, la nueva normativa entrega una «nueva sistematización al comiso, que aporta una tipología más clara sobre los elementos que pueden ser objeto del comiso y regularlos en forma independiente según sus particularidades».
Por ejemplo, la ley permitirá que «si un narcotraficante muere antes de ser condenado, los bienes adquiridos producto de la actividad ilícita no podrán ser heredados a sus hijos o mantenerse en manos de terceras personas, estableciéndose que se pueden decomisar a través del comiso sin condena».
También establece un nuevo tipo penal, que agrava la pena en caso de suministrar sustancias ilícitas a un o una menor de edad.
Además, se introducen mejoras en los procesos para la enajenación temprana de bienes, posibilitando que el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) pueda solicitarla e, incluso, que se puedan destinar permanentemente estos bienes a instituciones que luchen contra las consecuencias del narcotráfico.
La iniciativa también entrega mayores facultades de fiscalización a la Policía de Investigaciones y Carabineros, respecto de las personas que están o deben estar inscritas en el registro de precursores y sustancias químicas. Junto con ello, se ampliará el catálogo de las empresas obligadas a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero.
Finalmente, el texto aprobado entenderá como justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento de salud. Esto, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión.
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