Un total de 33 artículos conforman el megaproyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social que el Ejecutivo ingresó este miércoles al Congreso.
Dentro de la iniciativa, existen cinco normativas —dos de carácter transitorio y tres permanentes— que impactan de lleno en la administración de las municipalidades. Entre estas disposiciones se incluyen acciones para las áreas golpeadas por los siniestros de enero, un sistema para regularizar pasivos locales y la supresión del pago de contribuciones, lo que repercutirá en el Fondo Común Municipal (FCM).
Este último punto generó una rápida y transversal preocupación entre los jefes comunales de distintos sectores políticos.
A través del artículo 12, el texto legal decreta que las personas naturales que superen los 65 años quedarán totalmente exentas del impuesto territorial por su residencia principal. Esta franquicia aplicará exclusivamente para un solo inmueble y viene acompañada de duros castigos ante posibles fraudes: inhabilitación por una década y multas que alcanzan el 300% del tributo evadido. Asimismo, se incorpora una regla diseñada para bloquear traspasos de bienes raíces entre parientes o empresas vinculadas que busquen eludir el pago.
Como efecto inmediato de esta política, las arcas municipales sufrirán una caída en sus ingresos, considerando que una porción mayoritaria del gasto comunal se sustenta en el cobro de contribuciones.
A esto se suma que una parte de dichos dineros nutre al FCM, el cual se encarga de transferir recursos desde los municipios más ricos hacia los de mayor vulnerabilidad. Las estimaciones oficiales indican que la recaudación caerá en US$ 200 millones. De esa cifra, cerca de US$ 70 millones golpearán sin intermediarios a los presupuestos locales, mientras que los restantes US$ 130 millones corresponden a mermas para el FCM.
Para mitigar esta caída en el FCM, el artículo octavo transitorio mandata que la Ley de Presupuestos integre inyecciones adicionales de dinero. No obstante, el proyecto deja en el aire el destino de los fondos que no ingresaban al Fondo y tampoco garantiza una devolución íntegra.
Frente a este escenario, Gustavo Alessandri (UDI), presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, lanzó una dura advertencia: "Con el municipalismo no se juega".
El alcalde de Zapallar profundizó en su crítica en La Tercera, señalando que "se considera inaceptable que una medida que impacta directamente el financiamiento de los municipios contemple una restitución incompleta al Fondo Común Municipal". Para cerrar su intervención, fue enfático en las cifras: "Si el costo estimado de esta decisión es de US$ 200 millones al año, la reposición al Fondo Común Municipal no puede ser de US$ 130 millones. La restitución tiene que ser del 100%".
Desde la vereda de los apoyos, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (Ind), entregó su respaldo al proyecto afirmando: "Estoy absolutamente de acuerdo con la medida, es justo y correcto lo que se está haciendo". Pese a admitir que el texto actual no asegura el reintegro absoluto de los dineros, la autoridad manifestó estar "tranquilo respecto de que sí se va a compensar 100% a los municipios, porque si no se nos compensa nos produce un daño enorme en términos presupuestarios".
Una visión diametralmente opuesta entregó el líder comunal de Maipú, Tomás Vodanovic (FA). Para él, la propuesta del Ejecutivo es "una barbaridad y la más regresiva que ha impulsado un gobierno desde el retorno a la democracia". En su análisis, la normativa "pone en riesgo la prestación de servicios básicos en más del 80% de las comunas de Chile". Además, cuestionó duramente que se libere del gravamen a dueños de múltiples bienes raíces, lo cual catalogó como "es un profundo sin sentido que daña la cohesión del país".
Por su parte, Felipe Muñoz (Ind), máxima autoridad de Estación Central, encendió las alertas locales: "En Estación Central esta medida nos vuelve a golpear". El alcalde detalló las consecuencias prácticas de la iniciativa, argumentando que "una nueva exención sin compensación total al Fondo Común Municipal significa menos recursos para seguridad, limpieza, servicios básicos y equipamiento en general".
Desde la Región de Valparaíso, su alcaldesa Camila Nieto (FA) hizo hincapié en la letra chica del proyecto. "Detrás de una medida que suena justa, como eliminar las contribuciones, hay un efecto que no se está diciendo con claridad", aseveró. En la misma línea, complementó que "eliminar las contribuciones sin compensación no es una solución, es debilitar un mecanismo clave de equidad territorial".
Claudio Castro (Ind), edil de Renca, puso sobre la mesa posibles reparos constitucionales y recalcó que "es una realidad que el resultado de este proyecto implica menos recaudación para el Estado". Asimismo, alertó sobre el foco de los beneficios, indicando que la reforma "disminuye ingresos precisamente, con reducción a empresas y contribuciones a las personas más ricas".
En el sector oriente de la capital, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín (Ind), también evidenció su inquietud frente a la falta de certezas: "Me preocupa no ver una hoja de ruta sobre cómo se implementarán los cambios al Fondo Común Municipal".
Más allá de la polémica tributaria, el artículo décimo transitorio del documento establece un procedimiento extraordinario enfocado en la regularización de deudas municipales. Esta herramienta facultará a las casas edilicias para renunciar a acciones de cobro, además de condonar multas e intereses.
Simultáneamente, la iniciativa legal despliega medidas específicas para las regiones del Biobío y Ñuble, zonas devastadas por los incendios de enero. Para ello, se amplían las zonas habilitadas para aplicar medidas de excepción y se aumenta el marco presupuestario asignado al Fondo de Emergencia Transitorio.
Sobre este punto, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera (Ind), destacó la urgencia de la iniciativa: "Son chilenos que lo perdieron todo, más de 3.540 hogares que están totalmente destruidos. Necesitamos los recursos para la reconstrucción; sin este proyecto no hay reconstrucción".
Finalmente, Ítalo Cáceres (Ind), alcalde de Tomé, valoró el compromiso del ministro Poduje en esta materia, asegurando que el secretario de Estado "ha planteado la necesidad urgente de contar con 500 millones de dólares para avanzar en la reconstrucción de la Región del Biobío".
PURANOTICIA
