El Senado aprobó y despachó a la Cámara de Diputados, a tercer trámite constitucional, el proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa.
En el debate, se hicieron notar aspectos técnicos que aún pueden ser perfeccionados, y se registró un discusión sobre la gestión migratoria del gobierno anterior y del actual.
Además, se puso en evidencia la realidad de las regiones del norte del país, con ingresos irregulares “que tensionan a los servicios públicos, incrementan el crimen organizado y golpean la calidad de vida de miles de familias”.
El proyecto incluye, entre otros, la facultad de solicitar órdenes judiciales para registrar domicilios, la reducción de plazos para recursos legales y la simplificación de las notificaciones policiales.
Adicionalmente, propone una nueva causal al incorporar la "grave afectación al orden público" como motivo para que el subsecretario del Interior disponga una expulsión administrativa.
Asimismo, se permite sustituir la pena de cárcel por expulsión en casos de primera infracción por microtráfico (artículo 4° de la Ley N° 20.000).
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