Un reportaje del medio de investigación Ciper dio cuenta que efectivos de la PDI cobraban millonarias sumas por filtrar información del «Caso Relojes», dar aviso de posibles allanamientos y ofrecer dejar fuera de la investigación a algunas personas.
Por estos hechos ya hay siete detectives investigados, en calidad de imputados, por delitos como violación de secreto y cohecho. Desde 2021, la Fiscalía Metropolitana Occidente seguiría los pasos de este grupo presuntamente involucrado en la red de contrabando de accesorios de lujo robados en el extranjero.
El empresario Domingo Jalil se enteró el año 2019 que estaba siendo investigado por este caso y que fiscalía estaba tras sus pasos, lo que provocó un cambio de hábitos en el empresario, además de un cambio de teléfono, el cual estaba siendo monitoreado.
De acuerdo a lo explicado por el medio investigativo, Jalil se comunicó con dos involucrados, Jaime Quiroz y Estrella Dinamarca, que según la investigación es la líder del grupo, para advertirles que sus móviles estaban intervenidos.
El entonces subinspector Cristián González Arancibia, quien se desempeñaba en la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, ha sido sindicado como uno de los sospechosos de brindar la información al empresario. De acuerdo a Ciper, el subinspector, más otro efectivo policial llamado Mauricio Jorquera Gallardo, pidieron inicialmente $30 millones a cambio de ayuda.
Jalil habría contratado también los servicios de dos ex PDI para que chequearan los antecedentes proporcionados por sus fuentes policiales. A partir de esto, el 2021 el fiscal Baeza instruyó una serie de allanamientos y detenciones en decenas de domicilios de Santiago. Varias de las detenciones efectuadas ese día se conocieron públicamente, como las de Domingo Jalil y los policías Cristián González Arancibia y Mauricio Jorquera Gallardo, pero otra arista estuvo en reserva hasta ahora.
A ellos se sumaron Sergio Leal Villarroel, Rodrigo Chamorro Bustamante y Cristián González Fernández.
Ciper precisó que el séptimo policía imputado, Cristián Álvarez Casajuana, funcionario activo, no forma parte del sumario interno de la PDI, aunque la investigación del Ministerio Público estableció que él fue el primero que advirtió a Jalil sobre lo que se investigaba en septiembre de 2019.
