Durante la jornada de este lunes, las principales autoridades de la región de Valparaíso oficializaron, en dependencias de la Delegación Presidencial Regional, la constitución de la Mesa Intersectorial por el Empleo, instancia destinada a enfrentar con urgencia la crisis de cesantía que afecta especialmente a la zona.
La puesta en marcha de esta mesa estuvo acompañada de un anuncio de alto impacto: la inyección de cerca de $1.900 millones por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) para la ejecución de 23 proyectos de infraestructura distribuidos en 18 municipios de la región.
En la oportunidad, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, vinculó directamente estos recursos con el cumplimiento de las metas establecidas por el Ejecutivo central, asegurando que "el objetivo es generar en el país 50.000 nuevos empleos… la cuota específica asignada para la región de Valparaíso es la creación de 5.500 puestos de trabajo".
Sin embargo, durante la mañana de este martes, la estrategia comunicacional del Gobierno enfrentó un fuerte revés, luego que surgieran contradicciones internas respecto al alcance real de los recursos anunciados y la cantidad efectiva de empleos que podrían generarse.
En entrevista con Puranoticia Matinal, la jefa de la Unidad Regional de Subdere, Susanne Spichiger, tomó distancia de las expectativas instaladas apenas 24 horas antes, generando cuestionamientos sobre las cifras reales de contratación asociadas a la inversión fiscal.
Durante el diálogo, la funcionaria intentó atribuir la confusión a una interpretación errónea de la prensa: "El titular está malo", afirmó la representante regional de Subdere, intentando explicar que los 5.500 empleos corresponden a una macro-meta regional de mediano plazo, asociada a alianzas público-privadas, y no directamente al resultado de los $1.892 millones transferidos a los municipios.
Ante la insistencia para precisar cuál sería el impacto concreto de esta inversión pública en la absorción de mano de obra cesante, la titular regional de Subdere terminó reduciendo considerablemente la proyección inicial.
Spichiger reconoció que, respecto de los proyectos específicos financiados con estos recursos, la estimación real sería de aproximadamente 100 puestos de trabajo de carácter mensual.
Este ajuste en las cifras generó cuestionamientos, apuntando a que el anuncio inicial habría generado expectativas superiores a la capacidad efectiva de generación de empleo directo.
Frente a la crítica sobre la diferencia entre las cifras difundidas inicialmente y las posteriormente aclaradas, Spichiger respondió que "es que yo creo que no es que solamente sean 100 puestos de trabajo. Aquí hay una alianza donde, junto con los municipios, junto con distintos actores, vamos a hacer todo el esfuerzo".
La autoridad insistió además en que el objetivo de la política pública no debe centrarse exclusivamente en la contratación directa por parte del Estado, argumentando que "no todo tiene que ver con recursos públicos directamente para que seamos nosotros los que contratamos", sino también con la generación de condiciones que permitan fortalecer actividades como el turismo y el comercio local.
A la controversia por el manejo de las cifras se sumaron las declaraciones de la jefa regional de Subdere respecto a las limitaciones financieras con las que habría comenzado la actual administración, revelando que al asumir sus funciones encontraron solo un 11% de presupuesto disponible.
"Cuando el ministro Quiroz y todas las autoridades han dicho que hemos enfrentado esta situación con problemas de caja, esa situación es real", sentenció.
Lo expresado deja instalada una fuerte tensión en torno al relato oficial sobre la generación de empleo en la región de Valparaíso. Mientras la Delegación Presidencial destacó una meta global de 5.500 nuevos puestos de trabajo como parte del compromiso nacional del Ejecutivo, desde la Subdere se debió precisar que la inversión anunciada tendría un impacto directo considerablemente menor.
El episodio expone diferencias comunicacionales y falta de coordinación entre las distintas autoridades regionales, alimentando cuestionamientos sobre la forma en que se han presentado las cifras y los alcances reales de las medidas impulsadas para enfrentar la crisis laboral en la zona.
PURANOTICIA
