El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al informe de Contraloría General de la República que da cuenta de una serie de irregularidades en la entrega de pensiones de gracia en el marco del estallido social.
58 beneficiarios cuentan con antecedentes penales y no 41 como había dicho la autoridad. Entre los delitos cometidos, se encuentran estafa, homicidio, tráfico de estupefacientes y producción de material pornográfico, entre otras.
En el documento se advierte que en relación al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se constató que 10 de los 144 casos revisados no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos no permiten acreditar el relato del postulante.
Al respecto, Monsalve indicó que «nunca debería haber ocurrido que se entregaran pensiones de gracia a quienes tenían antecedentes penales y que no tenían lesiones permanentes. Nunca debió haber ocurrido, por lo tanto es un hecho grave«.
Luego agregó que «se cumplió rigurosamente los requisitos que establecía el procedimiento, establecido para entregar esas pensiones, procedimiento que se dictó por resolución el 4 de enero del 2022 y que no establecía el requisito de pedir los antecedentes penales«.
«Si usted me pregunta si eso fue un error, yo le diría que sí fue un error, pero yo no dicté ese procedimiento«, aseguró.
El subsecretario afirmó que «yo sí dicté un procedimiento, la modificación de ese procedimiento, que hoy día le permite a Chile, que cuando se vaya a otorgar una pensión de gracia, exista la obligación de presentar los antecedentes penales, por lo tanto, los cuestionamientos de Contraloría tienen fundamento respecto a este punto».
Finalmente, la autoridad manifestó que para el otorgamiento de dichas pensiones de gracia, la resolución «no establece diagnósticos médicos, habla de afectación. Eso dice la ley de presupuestos que aprobó el Parlamento».