La Contraloría General de Perú detectó indicios de presuntas irregularidades “graves” cometidas por al menos una decena de funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), hechos que habrían impedido que más de 55.000 electores de Lima Metropolitana pudieran votar durante las elecciones generales del 12 de abril.
En el marco de las investigaciones, el organismo publicó un informe en el que acusa a los funcionarios de “alterar las reglas del concurso para favorecer a una empresa de transportes” y de aprobar pagos adicionales “sin justificación técnica ni legal”.
Entre los involucrados figura el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien a comienzos de mayo quedó sujeto a medidas cautelares que le prohíben salir del país durante al menos un año y medio.
La Contraloría sostuvo que los funcionarios beneficiaron de manera indebida a la empresa contratada para el traslado de materiales electorales, en un proceso valorizado en aproximadamente 6,3 millones de soles —unos 1,6 millones de pesos chilenos—, según información publicada por el diario peruano La República.
De acuerdo con el informe, los evaluadores de la ONPE Lilia Flores Bancho y William García Velásquez modificaron los requisitos técnicos para favorecer a un postor específico, tras detectar que la empresa Hermes Transportes Blindados S.A. presentaba la mejor oferta. Para ello, alteraron la dimensión exigida a los camiones y entregaron información inexacta sobre la capacidad de carga de los vehículos, otorgándole una puntuación que no correspondía.
“Se corrobora que el criterio aplicado de disminuir dos metros el largo de la unidades vehiculares no estuvo previsto en ninguna parte de los términos de referencia u otro documento, evidenciando acciones de los evaluadores al margen de las reglas definitivas e inalterables de las bases de selección y lineamientos de contratación”, señala el documento.
Según la investigación, esta modificación derivó en el rechazo de la propuesta más conveniente y permitió adjudicar el contrato a la empresa Galaga SAC, cuya oferta era más costosa que la del postulante que debía haber ganado legítimamente el concurso. Además, la empresa operaba mayoritariamente con vehículos arrendados: un 92% de los camiones eran alquilados a terceros y solo un 8% correspondía a unidades propias.
Las pesquisas también revelaron deficiencias en la planificación logística. Los equipos informáticos destinados a las capacitaciones fueron entregados con retraso, alterando el cronograma establecido para el proceso electoral.
Asimismo, un día antes de las elecciones, los responsables reprogramaron las rutas de entrega para 553 locales de votación e informaron que los camiones tardarían entre tres y cuatro horas en llegar a destino, pese a que los trayectos requerían al menos ocho horas de viaje.
Esta descoordinación provocó retrasos en la llegada del material electoral a 3.605 mesas de sufragio y derivó en que 187 mesas de votación de Lima Metropolitana no pudieran ser instaladas, afectando el derecho a voto de 55.261 electores.
La gestión de Piero Corvetto quedó cuestionada luego de que miles de ciudadanos denunciaran no haber podido ejercer su derecho a sufragio el domingo 12 de abril, situación que obligó a las autoridades a extender la votación hasta el lunes 13.
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