El Juzgado de Garantía de Alto Hospicio dictaminó la medida cautelar de prisión preventiva a los exefectivos de Carabineros J.A.C.P., R.M.B.T., A.M.A.U. y E.A.G.C., imputados como autores del delito consumado de tortura por el Ministerio Público, por hechos ocurridos en julio del 2023 en dicha comuna de la región de Tarapacá.
El magistrado Guillermo Cofré Rivera ordenó el ingreso de los exuniformados, quienes fueron dados de baja por la institución, a dependencias de Carabineros por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, además de asegurar el éxito de la investigación, para la que fijó 75 días.
Mientras que, para el imputado de iniciales I.A.A.E., otorgó la medida cautelar de arresto domiciliario parcial, quien junto a J.A.C.P. fueron imputados además por el delito de obstrucción a la investigación.
En esta línea, a los detenidos J.A.C.P. y R.M.B.T. se les imputó el delito de falsificación de instrumento público, el que se había registrado en agosto pasado.
Los hechos se remontan al 19 de julio de 2023, cuando la víctima fue detenida por el supuesto delito de violación de morada, quien luego de negarse a firmar el acta de salud y solicitar la concurrencia a un consultorio para constatar lesiones, el comandante de Carabineros J.A.C.P. le ordenó al cabo primero I.A.A.E. a apagar las cámaras de vigilancia que registraban el sector del calabozo, además de solicitar el ingreso de los motoristas A.M.A.U. y E.A.G.C. hasta el lugar para reducir al detenido, a quien pusieron boca abajo, lo esposaron doblando los brazos, para posteriormente golpearlo. Mientras que, el imputado A.M.A.U. le roció gas pimienta en su rostro.
Posteriormente, A.M.A.U. y E.A.G.C. trasladaron a la víctima hasta un consultorio, trayecto en el que, al no poder mantenerse de pie y caer de rodillas, los excarabineros volvieron a golpear a la víctima, esta vez dentro del carro policial, momento en el que fue diagnosticado con lesiones menos graves.
Además, ese mismo 4 de agosto del 2023, el cabo primero I.A.A.E. solicitó los accesos al dispositivo de grabación de las cámaras de vigilancia para que, excusándose de que el equipo presentaba problemas, sacó el DVR que registra las imágenes, el que llevó hasta la oficina de la SIP con la supuesta intención de repararlo.
Una vez se alertó de la investigación penal, J.A.C.P. fue quien coordinó las declaraciones de sus demás compañeros, con el fin de resguardar a los demás acusados y no se develara la verdad detrás de los hechos, presionando a dos funcionarios que estuvieron en la guardia ese día.
Por este motivo, los cinco involucrados fueron dados de baja de la institución, siendo otorgada la prisión preventiva para cuatro de ellos, mientras que el quinto quedó con arresto domiciliario parcial.